El complejo agroindustrial respaldó la media sanción en el Senado y sostuvo que la modernización normativa dará previsibilidad y terminará con décadas de “anomia legislativa”.
El sector agroindustrial, uno de los principales respaldos empresarios del proyecto de Modernización Laboral, expresó su apoyo tras la aprobación en el Senado y aseguró que, de convertirse en ley, la iniciativa contribuirá a la creación de empleo formal y a la reducción de la litigiosidad.
Las entidades que agrupan a cerealeras y aceiteras destacaron que la reforma permitirá “regular los estímulos normativos necesarios para la generación de trabajo digno y formal”, sin afectar derechos adquiridos.
Previsibilidad y fin de la discrecionalidad
Desde el sector remarcaron que el eje central de la modernización radica en la clarificación de normas laborales que, según su visión, durante años fueron objeto de interpretaciones judiciales que incrementaron la incertidumbre.
Sostuvieron que la reforma apunta a reducir la discrecionalidad en la aplicación de la ley y a restablecer la previsibilidad, factor que consideran clave para que el empleo registrado vuelva a ser una opción viable para las empresas.
Cambios en indemnización y contratación
En particular, las cámaras valoraron que el proyecto no elimina la indemnización por despido, pero la transforma en una variable anticipable y eventualmente financiable, lo que permitiría acotar riesgos asociados a eventuales desvinculaciones.
A su entender, el esquema vigente había derivado en un costo incierto ante conflictos laborales, lo que desincentivó nuevas contrataciones dentro del sistema formal.
Otros puntos destacados
Entre los aspectos que consideraron relevantes, mencionaron:
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La exclusión analógica de las convenciones colectivas de trabajo.
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El acuerdo voluntario para la compensación de horas extraordinarias.
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La regulación de la prestación mínima en servicios esenciales.
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La adecuación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos.
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Cambios en el procedimiento de encuadramiento sindical.
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La redefinición de prácticas desleales en negociaciones convencionales.
Para el complejo agroexportador, la reforma representa una actualización estructural que podría fortalecer la formalización laboral y reducir conflictos, en un contexto en el que el Gobierno impulsa cambios regulatorios orientados a dinamizar la actividad económica.
