La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este miércoles nuevas reglas para ejecutar embargos y procedimientos fiscales, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Los cambios fueron establecidos mediante la Disposición 120/2025, publicada en el Boletín Oficial, y marcan un giro en la política recaudatoria del organismo.
¿Qué cambia con la nueva normativa de ARCA?
A partir de ahora, antes de ejecutar una medida cautelar de embargo, ARCA deberá esperar al menos 48 horas luego del vencimiento del plazo para que el contribuyente presente sus excepciones. Esto reemplaza el esquema anterior, donde el embargo podía solicitarse en forma casi inmediata tras la demanda judicial.
Además, se incorpora la obligación de notificar previamente la deuda al domicilio fiscal electrónico (DFE), lo que otorga una instancia de anticipación clave para evitar medidas drásticas.
Excepciones y beneficios adicionales
La normativa también contempla una prórroga especial de 5 días para contribuyentes cuya residencia esté ubicada a más de 100 kilómetros de la sede de ARCA donde se tramita el expediente. Para acceder a este beneficio, se debe contar con autorización judicial y cumplir con el paso previo de notificación electrónica de la deuda.
En total, el contribuyente puede tener hasta 7 días para evitar el embargo si cumple con los requisitos.
Objetivo: facilitar la regularización voluntaria
Desde ARCA explicaron que la reforma busca:
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Mejorar la seguridad jurídica y la transparencia del procedimiento.
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Dar margen real para la cancelación voluntaria de deudas.
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Reducir los litigios innecesarios mediante acuerdos anticipados.
Resultados previos: más de $620.000 millones recuperados
La nueva disposición llega tras los buenos resultados obtenidos por ARCA con los planes de pago lanzados este año. Según datos oficiales, el organismo recuperó más de $620.000 millones en los primeros cinco meses de 2025, correspondientes a deudas acumuladas entre 2020 y 2024.
Este cambio normativo busca consolidar ese camino: facilitar el cumplimiento voluntario y evitar instancias judiciales costosas tanto para el Estado como para el contribuyente.
