El Gobierno argentino presentó una apelación ante la jueza Loretta Preska, en Nueva York, contra el fallo que lo obliga a entregar las acciones de YPF para cumplir con el pago de una sentencia por US$ 16.000 millones, vinculada a la estatización de la petrolera en 2012.
La información fue difundida por el analista financiero Sebastián Maril, quien sigue de cerca la causa iniciada por el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo.
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Qué se discute
El litigio se centra en la forma en que se llevó adelante la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza Preska había ordenado la transferencia de acciones del Estado argentino en la compañía como forma de cumplimiento del fallo.
Próximos pasos
Con la apelación presentada, se abre una nueva instancia judicial en los tribunales de Estados Unidos, donde Argentina buscará revertir o frenar la ejecución del fallo, mientras se mantiene la pulseada legal por una de las causas más costosas en la historia reciente del país.