El Gobierno presentará esta semana un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para intentar frenar la ejecución del fallo por la expropiación de YPF. El objetivo es ganar tiempo mientras avanza la apelación por los US$16.100 millones.
Argentina presentará este martes 22 de julio un escrito clave ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska. La presentación busca que la pausa en la ejecución del fallo se extienda durante todo el proceso de apelación.
Actualmente, la medida que impide la entrega de las acciones tiene vigencia solo durante las presentaciones preliminares de las partes. El Gobierno pretende que la Corte amplíe ese plazo para no verse obligado a desprenderse de su participación en la petrolera en medio del litigio.
El nuevo paso procesal se da días después de que los beneficiarios del fallo —que impone al país una indemnización de US$16.100 millones— informaran que no desean quedarse con las acciones de la compañía. Aun así, solicitaron que Argentina deposite una garantía económica como condición para continuar con la apelación.
Este cambio en la postura de los demandantes se produjo tras la presentación de un amicus curiae por parte del Gobierno de Estados Unidos, que expresó su respaldo a la posición argentina y solicitó que no se ejecute la sentencia mientras se analiza la apelación de fondo.
En este contexto más favorable, los abogados del Estado nacional expondrán sus argumentos para evitar que se active el cumplimiento inmediato del fallo, lo que implicaría entregar acciones de YPF como parte del resarcimiento.
Si el tribunal rechazara el planteo argentino, volvería a estar vigente la orden de Preska. Esto podría exponer al país al riesgo de ser declarado en desacato, una figura que, aunque no suele aplicarse a Estados soberanos, podría implicar sanciones financieras o nuevas trabas para acceder al financiamiento internacional.
El desacato judicial en el sistema estadounidense se interpreta como la desobediencia de una orden legal. En el caso de Argentina, una eventual declaración en ese sentido afectaría su credibilidad ante inversores y organismos multilaterales, profundizando las dificultades para recuperar el acceso a los mercados globales.
