El Gobierno busca evitar que se acceda a comunicaciones privadas de Caputo, Massa y otros exfuncionarios, mientras avanza la disputa judicial por US$16.000 millones en Nueva York.
La Argentina presentó ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, un pedido para que se reconsidere la orden que obliga al país a entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios nacionales vinculados con la causa YPF.
La solicitud busca frenar el acceso a material sensible de actuales y exintegrantes del Gobierno, como el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, además de funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El especialista Sebastián Maril adelantó en redes sociales que, en caso de una respuesta negativa de Preska, la Argentina podría apelar la medida.
La jueza había resuelto a mediados de julio que se realicen búsquedas de palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas” en los dispositivos, sin exigir la entrega total de los teléfonos.
Los demandantes —los fondos Burford y Eton Park— intentan demostrar que empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, Enarsa y el Banco Nación funcionan como “alter ego” del Estado argentino. Su objetivo es habilitar embargos sobre esos activos para garantizar el pago de la sentencia que supera los US$16.000 millones.
