La Comisión Europea oficializó este lunes que el histórico pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur comenzará a regir de manera provisional a partir del 1° de mayo de 2026. La medida busca acelerar los beneficios económicos mientras se resuelven las disputas judiciales y legislativas pendientes en el viejo continente.
Un paso estratégico para el comercio exterior
A pesar de los intentos de bloqueo por parte de algunos países miembros de la UE, Bruselas decidió avanzar con la aplicación provisional del pilar comercial. Esta modalidad permite que las reducciones arancelarias entren en funcionamiento sin necesidad de esperar la ratificación de todos los parlamentos nacionales europeos.
El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó la noticia y destacó el rol del país en este proceso:
“Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Es un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional y generar condiciones previsibles para exportar”.
Puntos clave del inicio de la vigencia
La implementación del acuerdo traerá cambios significativos para la estructura exportadora de la región:
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Foco comercial: La vigencia provisional afecta principalmente a los capítulos de eliminación de aranceles industriales y agrícolas.
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Mercado ampliado: Se consolida un mercado de más de 780 millones de consumidores.
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Reducción de costos: El pacto busca eliminar gravámenes que, en sectores críticos, superan el 30%.
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Inversiones: Se espera que la normativa brinde un marco de mayor seguridad jurídica para atraer capitales extranjeros.
El rol del Mercosur y la Justicia Europea
Para acceder a estos beneficios el 1° de mayo, los países del bloque (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) deben finalizar sus procesos de notificación interna.
Mientras tanto, la Justicia Europea aún debe dictaminar sobre un pedido de investigación respecto a la validez del acuerdo, impulsado por sectores opositores al pacto. Sin embargo, la decisión de la Comisión Europea garantiza que las empresas puedan operar bajo las nuevas reglas de intercambio mientras se resuelven los componentes de diálogo político y cooperación.
