El Ejecutivo publicó cambios en la reglamentación de la Ley de Ganancias que elevan montos, redefinen bienes con cotización y amplían el régimen simplificado. Las medidas buscan adaptar el sistema tributario a la realidad económica y fortalecer los controles fiscales.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Impuesto a las Ganancias con una serie de ajustes que impactan tanto en las operaciones internacionales como en los contribuyentes individuales. A través del Decreto 767/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se actualizaron los montos y parámetros de la normativa con el objetivo de modernizar y simplificar el esquema impositivo.
Entre los principales cambios, el decreto eleva a $500 millones el umbral anual a partir del cual los contribuyentes deberán informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las operaciones internacionales realizadas.
Además, las transacciones con empresas vinculadas del exterior o radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación estarán exceptuadas de presentar declaraciones especiales cuando no superen los $150 millones en total o los $15 millones por operación.
La norma también redefine el concepto de “bienes con cotización”, incorporando precios de referencia de mercados locales e internacionales para mejorar la transparencia de las valuaciones. En línea con ello, las empresas deberán registrar electrónicamente sus contratos de exportación dentro de los 60 días posteriores al embarque, informando precios, compradores, condiciones de venta y medios de transporte. ARCA, por su parte, tendrá la potestad de fijar valores mínimos o índices de referencia para controlar la independencia de las operaciones.
En paralelo, se introducen cambios en el Decreto 353/2025, ampliando el régimen simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas. A partir de ahora, el sistema podrá incluir determinados casos de rentas de fuente extranjera, siempre que así lo determine la autoridad recaudadora.
Según el texto oficial, las medidas forman parte del proceso de “modernización y simplificación tributaria” impulsado por la administración de Javier Milei, con el propósito de adaptar la legislación a la coyuntura económica, reducir la carga administrativa y fortalecer la seguridad jurídica.
“El objetivo es disminuir la presión fiscal formal, bajar costos operativos y fomentar la regularización de la actividad económica”, detalla el decreto, que subraya la importancia de facilitar el cumplimiento voluntario y la transparencia en las operaciones internacionales.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el miércoles 29 de octubre y se aplicarán a los ejercicios fiscales que cierren a partir de esa fecha, marcando un nuevo paso en la estrategia oficial de reforma y simplificación del sistema impositivo argentino.
