El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se inicia el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante la venta del 90% del capital accionario. El Estado conservará solo un 10% de la compañía, que quedará en manos de sus trabajadores.
“Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, dijo Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada, al anunciar uno de los pasos más relevantes en la política de reformas estructurales que impulsa el Gobierno.
Cómo será la privatización de AySA
El proceso será mixto: se abrirá una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un operador estratégico, y además se lanzará una oferta pública inicial (OPI) para incorporar a otros inversores a través del mercado de capitales.
El 10% restante seguirá en manos de los empleados, bajo el régimen de Propiedad Participada, tal como lo establece la normativa vigente.
Los argumentos del Gobierno para privatizar
Adorni justificó la decisión con cifras: desde su estatización en 2006, AySA demandó aportes por US$ 13.400 millones, y solo durante la última gestión se gastaron más de US$ 4.800 millones.
Según el vocero, el gasto no se tradujo en mejoras: “la dotación creció un 90% durante la gestión estatal”, mientras que la morosidad de los usuarios trepó al 16%, cuando históricamente promediaba el 4%.
También afirmó que AySA funcionó como una “plataforma de campaña”, y que el 25% de las obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, distritos de los que provenía su antigua conducción.
Qué se espera del nuevo modelo
El Gobierno asegura que esta apertura al capital privado mejorará la eficiencia operativa, modernizará la infraestructura y generará mejores condiciones para los usuarios en cuanto a precio y calidad del servicio.
El proceso será supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se encuadra dentro del plan de reformas que busca reducir el déficit fiscal y desregular áreas clave del Estado.
