El Gobierno compensará a industrias que reduzcan el uso de electricidad en verano

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El Ejecutivo busca evitar cortes en los picos de demanda: las grandes empresas que disminuyan voluntariamente su consumo recibirán una retribución económica.

El Gobierno nacional puso en marcha un programa de incentivos para industrias y grandes comercios que reduzcan su consumo de electricidad en los horarios de mayor demanda durante el verano.

La iniciativa, creada mediante la Resolución 379/2025 publicada en el Boletín Oficial, apunta a aliviar la presión sobre el sistema eléctrico y evitar cortes masivos cuando la red esté al límite.

El esquema está dirigido a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), los Grandes Usuarios Menores (GUME) y los Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Para adherir, los interesados deberán contar con potencias máximas registradas superiores a 300 kW y disponer de sistemas de medición que permitan identificar el consumo de energía de manera horaria.

Al participar, las empresas percibirán una compensación económica proporcional a la energía dejada de consumir, actuando como una “reserva” disponible para estabilizar el sistema eléctrico en momentos críticos.

Desde el Ejecutivo destacaron que se trata de un plan voluntario, aunque confiaron en que el beneficio monetario será un incentivo suficiente para lograr adhesión. El texto oficial justificó la medida como una herramienta para fomentar eficiencia energética, mejorar la calidad del servicio y promover mayor competitividad en la generación.

Además, se mencionaron experiencias exitosas en el exterior, como los programas aplicados en California (EE.UU.), Reino Unido y el barrio neoyorquino de Brooklyn-Queens, donde se comprobó que los incentivos a la gestión de demanda contribuyen a evitar colapsos del sistema.

Con este plan, el Gobierno de Javier Milei busca aplanar los picos estacionales de consumo mientras avanza en el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica que demandan una inversión estimada en US$6.500 millones, cuyo costo sería trasladado a las tarifas de los usuarios.

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