El Ejecutivo investiga si hubo fuga de información hacia los fondos buitres. La jueza Preska había ordenado entregar el 51% de YPF. La causa ya suma USD 16.100 millones.
En medio del juicio más costoso de la historia argentina, el Gobierno de Javier Milei despidió a 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro, el organismo que representa al Estado en litigios clave. Las versiones más preocupantes apuntan a sospechas de filtraciones hacia los fondos buitres, que litigan contra el país por la expropiación de YPF.
👀 ¿Qué pasó?
Según fuentes oficiales, en los últimos meses se detectó que los estudios de abogados rivales anticipaban estrategias jurídicas del Estado argentino. Aunque el Gobierno atribuyó los despidos a una “reestructuración para mejorar la eficiencia”, en la Casa Rosada admiten fuertes sospechas de fuga de información.
🏛️ La Procuración —dependiente del Ministerio de Justicia y hoy a cargo de Santiago Castro Videla— será reorganizada:
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De 6 direcciones nacionales se pasará a solo 4.
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Se disuelve la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
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Más de 60 funcionarios ya fueron desvinculados desde diciembre.
🔎 El dato que enciende las alarmas:
Según Clarín, Castro Videla es socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien apoyó la postura de Burford Capital, el fondo buitre que encabeza la demanda contra Argentina en EE.UU. Bianchi fue presentado como experto legal en el juicio, lo que genera más dudas sobre un posible conflicto de intereses.
⚖️ ¿En qué instancia está el juicio?
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La jueza Loretta Preska ordenó que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como parte de una sentencia por USD 16.100 millones.
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Sin embargo, este martes, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió temporalmente la orden, dando tiempo a que Argentina presente su apelación formal.
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Además, el gobierno de Donald Trump se sumó como amicus curiae, una figura legal que le permite opinar en el caso y que fue leída como un respaldo a la posición argentina.
💬 En el Gobierno hay malestar con el manejo judicial de la causa. Desde el Ministerio de Economía también reconocen que la estrategia legal pudo haber sido perjudicada por filtraciones internas.
