Tras dar marcha atrás con cambios fiscales que afectaban a la coparticipación, la Casa Rosada cree que sumará el respaldo de gobernadores dialoguistas y apunta a una media sanción sin sobresaltos.
El Gobierno decidió aflojar una de las cuerdas más tensas de la negociación con las provincias y apuesta a cobrar el gesto en el Congreso. Al retirar del proyecto de reforma laboral las modificaciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, el oficialismo busca despejar el principal foco de conflicto con los gobernadores y allanar el camino para que la iniciativa avance esta semana en el Senado.
La confirmación llegó de boca de Patricia Bullrich, quien blanqueó los retoques introducidos en el texto original. El cambio más relevante fue la eliminación de los artículos que impactaban sobre un tributo clave para las arcas provinciales. De haberse mantenido, esas reformas hubieran recortado de manera significativa los recursos que las jurisdicciones reciben vía coparticipación.
En Balcarce 50 interpretan la marcha atrás como una concesión estratégica: ceder en el frente fiscal para asegurar apoyos políticos. El optimismo oficial se apoya en una serie de señales previas de los mandatarios provinciales, que evitaron confrontaciones abiertas y facilitaron el llamado a sesión en la Cámara alta.
El reclamo que destrabó la negociación
El borrador inicial impulsado por la administración libertaria proponía reducir las alícuotas del impuesto a las sociedades, un movimiento que encendió alarmas en las provincias. Los cálculos de los gobernadores hablaban de una pérdida superior a $1,7 billones en 2026, un golpe difícil de absorber en un contexto de ajuste fiscal.
Ese mensaje fue recogido por el ministro del Interior, Diego Santilli, durante su recorrida por distintas provincias. La advertencia fue clara: no había margen para resignar más recursos. El repliegue oficial en Ganancias terminó funcionando como moneda de cambio.
Gestos cruzados y apoyos en construcción
En paralelo a la negociación técnica, los gobernadores dialoguistas bajaron el tono político. Se desactivaron encuentros de alto voltaje opositor y se evitó escenificar fotos incómodas con la cúpula sindical. Además, senadores alineados con líderes provinciales acompañaron la convocatoria a la sesión clave, una señal leída como un respaldo anticipado.
La Casa Rosada descuenta votos de espacios provinciales y aliados circunstanciales, mientras asume que el peronismo más duro se mantendrá en rechazo. Aun así, en el oficialismo creen que podrían aparecer fisuras dentro del bloque opositor, empujadas por la necesidad de fondos en las provincias.
Lo laboral, en segundo plano
Con la discusión concentrada en el capítulo impositivo, los cambios estructurales en el régimen laboral quedaron momentáneamente fuera del centro de la escena. En el Gobierno aseguran que la estrategia fue deliberada: enfocar el debate donde dolía para destrabar la negociación política.
Algunos gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora, dejaron definiciones matizadas. Reconocen la necesidad de actualizar normas frente a nuevas formas de trabajo, pero marcan límites claros cuando se trata de derechos adquiridos. Esa ambigüedad, por ahora, no impide que el proyecto sume voluntades.
Salvo un giro inesperado, en el Ejecutivo descuentan que la reforma laboral superará el filtro del Senado. La concesión en Ganancias parece haber cumplido su objetivo: transformar resistencia provincial en expectativa de acompañamiento.
