El proceso de desinflación que impulsa el Gobierno enfrenta nuevos desafíos en los primeros meses de 2026. Así lo advirtió el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que identificó una serie de riesgos de corto plazo vinculados a factores estacionales, subas de precios regulados y el cambio en la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según el último Informe de Política Monetaria, la autoridad monetaria alertó que durante el primer trimestre del año podrían registrarse presiones transitorias sobre la inflación, especialmente por el impacto de los precios de la carne, los aumentos en tarifas de servicios públicos y los ajustes habituales en educación e indumentaria.
“El ritmo del proceso de desinflación enfrenta riesgos de naturaleza estacional y, por lo tanto, transitoria”, señaló el BCRA en el documento correspondiente a diciembre, publicado esta semana. Además, remarcó que existe “incertidumbre” asociada a la nueva metodología del IPC implementada por el Indec, que comenzó a regir este mes.
Entre los factores destacados, el Banco Central subrayó la evolución del precio de la carne vacuna, un componente clave de la canasta de consumo en la Argentina, que acumuló un aumento del 17,3% entre octubre y diciembre. A esto se suma el comportamiento típico de marzo, cuando los costos de educación e indumentaria suelen registrar fuertes subas con el inicio del ciclo lectivo.
Tarifas, inflación y tipo de cambio
El informe se conoce luego de que la inflación mensual se acelerara por cuarto mes consecutivo en diciembre y alcanzara el 2,8%, impulsada principalmente por transporte, servicios públicos y alimentos. Este comportamiento complica el objetivo del presidente Javier Milei de llevar la inflación mensual por debajo del 1% a lo largo de 2026.
El BCRA también advirtió que una inflación más persistente puede trasladarse al esquema cambiario. Desde enero, el tipo de cambio flota dentro de bandas que se ajustan en función de la inflación mensual: mayores aumentos de precios implican una ampliación más rápida de esos límites.
En ese contexto, el Gobierno autorizó desde el 1° de febrero subas parciales en los impuestos a los combustibles, así como aumentos en las tarifas de gas natural y electricidad. Estos rubros ganaron mayor peso en la nueva metodología del IPC, lo que podría amplificar su impacto en el índice general.
Ajuste fiscal y reforma laboral
El Banco Central también señaló que en 2026 el Gobierno deberá profundizar el ajuste fiscal más allá de lo previsto en el presupuesto aprobado, debido a que no pudo vetar aumentos de gasto destinados a universidades y discapacidad sancionados por el Congreso. Según el organismo, será necesario un recorte adicional de aproximadamente 0,5% del PBI en áreas como salarios, subsidios y asistencia social.
Por otro lado, el informe advirtió que los ingresos de la seguridad social podrían verse afectados si avanza la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso. De acuerdo con estimaciones de JPMorgan, la iniciativa tendría un costo fiscal de entre 0,7% y 0,8% del PBI, producto de menores aportes y recortes impositivos, aunque ese efecto podría revertirse en el mediano plazo con un mayor nivel de empleo formal.
Pese a estos riesgos, las proyecciones del mercado siguen siendo optimistas. Según el relevamiento de expectativas del propio Banco Central, la inflación anual bajaría al 20% en 2026, desde niveles cercanos al 32% actuales.
