La Procuración del Tesoro confirmó que el Estado argentino cumple con el proceso ordenado en Nueva York, mientras prepara su defensa frente a un pedido de desacato impulsado por Burford Capital.
La República Argentina continúa cumpliendo con el proceso de discovery dispuesto por la jueza Loretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según informó la Procuración del Tesoro de la Nación.
De acuerdo con fuentes oficiales, esta etapa procesal demandó casi dos años de trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado y derivó en la producción de más de 110.000 elementos probatorios, entre documentos y comunicaciones oficiales, remitidos en el marco de la causa que enfrenta el país en Estados Unidos.
Desde el organismo que encabeza la defensa del Estado remarcaron que el cumplimiento de las órdenes judiciales se realizó en línea con el compromiso de la Argentina de actuar conforme al derecho internacional y respetar las decisiones de la Justicia, aun en un litigio de alta complejidad.
Apelación y límites constitucionales
En relación con la orden de Preska vinculada a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios, la Procuración recordó que esa resolución fue apelada ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde se presentó un escrito con argumentos sólidos que reflejan la posición argentina.
No obstante, aclararon que el país avanzó parcialmente en el cumplimiento de dicha orden, siempre dentro de las posibilidades legales del Estado y con estricto apego a los límites fijados por la Constitución Nacional.
En ese marco, detallaron que las personas alcanzadas por los requerimientos optaron por cooperar o, en su defecto, abstenerse de aportar comunicaciones de carácter personal, amparándose en derechos constitucionales como el previsto en el artículo 18, que protege la privacidad y la inviolabilidad de la correspondencia.
Pedido de desacato y críticas a Burford
Fuentes oficiales advirtieron que a partir del 15 de enero comenzará un pedido de desacato contra la República Argentina, calificado como “insólito y desproporcionado”. Sin embargo, aclararon que ninguna solicitud de ese tipo tiene efectos jurídicos inmediatos, ya que el país deberá ejercer su defensa y la cuestión deberá ser evaluada por la propia jueza Preska.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que la insistencia de Burford Capital no parece orientada a la ejecución de una sentencia que se encuentra apelada y pendiente de resolución, sino a promover requerimientos intrusivos y excesivos con el objetivo de generar presión política y mediática.
Según indicaron, esta estrategia se inscribe en un intento de obstaculizar el proceso de normalización económica del país, una conducta que —a su entender— excede cualquier finalidad jurídica legítima. También mencionaron que la caída en la cotización de Burford Capital tras la audiencia de apelación realizada en octubre en Nueva York podría haber intensificado las presiones internas de sus inversores.
Próximos pasos en el juicio por YPF
La Procuración del Tesoro informó que comunicará oportunamente cada presentación de los demandantes y los argumentos de la defensa argentina, utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar los intereses del Estado.
Además, instó a la opinión pública a remitirse exclusivamente a información oficial, y recordó que, según el cronograma acordado por las partes, el intercambio de escritos se extenderá al menos hasta marzo, por lo que no se esperan definiciones judiciales antes de esa fecha.
