Según la entidad, la ofensiva sobre la cerealera “interrumpe el equlibrio de la división de poderes” y alertó por la “inseguridad jurídica” ante la intervención.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales expresó su preocupación (un eslabón clave en la cadena agroindustrial nacional) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de la Nación de “interrumpir el equilibrio de la división de los poderes, disponiendo la intervención estatal de una sociedad regulada por el derecho privado”.
La entidad salió en defensa de Vicentín, indicando que la compañía decidió “ajustarse a derecho y recurrir al remedio del concurso preventivo, poniéndose en manos de su juez natural para no solo ordenar su pasivo y acordar con sus acreedores la forma de honrar los compromisos asumidos”.
Además, enfatizó que “la aceptación de tal presentación por el Juez Lorenzini y la apertura del concurso preventivo deja bien a las claras que la Empresa cumplió acabadamente con la ley aplicable”.
“La intervención del Estado Nacional en el contexto descripto sería ilegal e inconstitucional por invadir la esfera de otro Poder del Estado. Por otro lado, el argumento de una pretendida protección de la soberanía nacional siempre fue utilizado por países competidores, importadores, para impedir en sus territorios el ingreso de la producción agropecuaria de nuestro país”, agregan.
