La magistrada federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó que Argentina transfiera su participación mayoritaria en YPF a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación de 2012. La decisión se da en medio de una apelación en curso y podría agravar la crisis de deuda del país.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dispuso que la Argentina transfiera el 51% de las acciones clase D de YPF a los fondos Petersen Energía y Eton Park como parte de pago por la sentencia de USD 16.100 millones, dictada en 2023 por la expropiación de la petrolera en 2012.
La resolución establece un plazo de 14 días para que el Estado argentino deposite esas acciones en una cuenta de custodia global del Bank of New York Mellon (BNYM), desde donde luego serán traspasadas a los beneficiarios del fallo.
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La jueza rechazó los argumentos de inmunidad planteados por la defensa argentina y sostuvo que las acciones de una empresa estatal son “libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”, incluso si existen restricciones en el marco legal argentino.
Preska también afirmó que Argentina utilizó esas acciones “para dirigir la actividad comercial de YPF en Estados Unidos”, lo cual habilita su ejecución bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
El fallo contradice expresamente un pedido del gobierno de Estados Unidos, que en septiembre de 2024 había solicitado no avanzar con el traspaso de acciones como medida de embargo.
La decisión golpeó de inmediato el precio de las acciones de YPF en Wall Street, con una caída superior al 5%, según informó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, quien sigue de cerca la causa desde el inicio.
Aunque el gobierno de Javier Milei ya había apelado la sentencia principal en 2023, la falta de garantías depositadas habilitó esta ofensiva judicial de los fondos demandantes para intentar cobrar.
Preska dejó abierta la posibilidad de que Argentina cumpla el fallo mediante otras vías, como obtener una autorización legislativa o negociar un acuerdo, pero descartó que existiera un “conflicto legal insalvable” entre las leyes locales y la ejecución en EE.UU.
