Las principales asociaciones bancarias enviaron una nota al Congreso para objetar un artículo del proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Ejecutivo. Señalan que permitir el pago de sueldos a través de billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago, sin regulación equivalente a la bancaria, implicaría riesgos jurídicos, financieros y sociales.
Las entidades que nuclean a los bancos de la Argentina encendieron una señal de alarma frente a uno de los artículos incluidos en la reforma laboral que el Gobierno busca tratar en el Congreso la próxima semana. A través de un documento remitido a legisladores nacionales —entre ellos Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados—, expresaron su rechazo a la posibilidad de que los salarios puedan abonarse mediante billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago (PSP).
La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Adeba y Abappra coincidieron en que la iniciativa prevista en el proyecto de “Modernización Laboral” introduce “riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales” si se habilita a actores no bancarios a cumplir el rol de pagadores de haberes sin un marco regulatorio equiparable al de las entidades financieras tradicionales.
El foco de la crítica está puesto en el artículo 35 del proyecto. Según detallan las entidades, se trata de una objeción “puntual y sustantiva” por el impacto que podría generar su aprobación. Ya en diciembre, durante el debate en comisiones del Congreso, los bancos habían advertido sobre los peligros de permitir que los PSP y billeteras virtuales paguen salarios sin cumplir los requisitos legales, prudenciales y de supervisión que rigen para el sistema bancario.
En concreto, el artículo cuestionado autoriza el pago de sueldos a través de billeteras digitales y otros actores no bancarios. Para ABA y Abappra, esta habilitación implicaría una pérdida de protecciones legales clave para los trabajadores, mayores riesgos para los usuarios y una marcada asimetría regulatoria, además de una supervisión considerada insuficiente.
En el documento, las asociaciones remarcan que la información financiera de los bancos es pública y accesible, lo que permite conocer dónde se invierten los depósitos y cuál es la situación patrimonial de las entidades. Esa transparencia, sostienen, no existe en el caso de los proveedores de servicios de pago.
También recuerdan que la normativa vigente exige que los haberes se acrediten en cuentas bancarias con el objetivo de resguardar ingresos de carácter alimentario, fomentar la inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema. Según los bancos, este esquema no responde a un atraso tecnológico, sino a una decisión deliberada de política pública orientada a garantizar un piso mínimo de seguridad jurídica y financiera para los trabajadores.
De avanzar el artículo 35, advierten, podría producirse un impacto sistémico que reduzca la capacidad crediticia del sector bancario. En ese sentido, Abappra estima que el proceso de desintermediación financiera podría derivar en una contracción del crédito de entre 0,44% y 0,75% del PBI.
El texto enviado al Congreso subraya que esta situación tendría efectos negativos inmediatos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico, con especial impacto en el financiamiento de las pymes, las economías regionales, el comercio, la vivienda y el consumo local. Los bancos destacan que los depósitos tradicionales son la base del denominado “multiplicador del crédito”.
Las entidades también defienden su rol como pagadores de una parte significativa de los salarios del sector público y privado. Señalan que cuentan con responsabilidad patrimonial plena y un marco jurídico claro frente a los usuarios, garantizando el cobro seguro de los haberes, algo que —afirman— no ocurre con las billeteras virtuales y los PSP.
Por último, alertan que la medida podría derivar en un desmantelamiento de infraestructura crítica y profundizar la exclusión financiera, especialmente en el interior del país. A modo de cierre, sostienen que exigir la acreditación inicial del salario en una cuenta bancaria regulada no limita la libertad financiera de los trabajadores, sino que asegura el canal con mayor respaldo institucional. Además, remarcan que cualquier actor que quiera pagar sueldos en la Argentina puede hacerlo si obtiene una licencia financiera o bancaria del BCRA, y recuerdan que existen más de 70 entidades habilitadas y varias solicitudes en trámite.
