El Gobierno enviará al Congreso una reforma para reforzar la protección de la propiedad privada y evitar nuevos litigios millonarios contra el Estado. La iniciativa surge tras el revés judicial que dejó sin efecto una condena por US$16.000 millones.
El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, luego de que la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos revocara la condena por US$16.000 millones contra la Argentina en el juicio vinculado a la expropiación de YPF.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Gobierno pretende discutir este año en el Parlamento y apunta a evitar nuevos conflictos judiciales internacionales derivados de decisiones estatales sobre empresas privadas.
Durante una cadena nacional, el mandatario sostuvo que la reforma busca garantizar que “la propiedad privada no vuelva a ser puesta en tela de juicio” en el país y criticó la estatización de la petrolera realizada en 2012.
Las claves del proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones
Aunque el texto definitivo aún debe debatirse en el Congreso, desde el Gobierno adelantaron algunos de los ejes centrales de la reforma:
1. Mayor protección a la propiedad privada
El proyecto buscará reforzar los principios que limitan la capacidad del Estado para expropiar bienes, estableciendo condiciones más estrictas para justificar la utilidad pública.
2. Cambios en el proceso de expropiación
La iniciativa apunta a revisar el procedimiento actual para evitar situaciones que puedan derivar en litigios internacionales, como ocurrió con el caso YPF. Entre los puntos en análisis se encuentran los mecanismos de valuación y compensación a los accionistas o propietarios.
3. Reducción del riesgo de demandas contra el Estado
Uno de los objetivos centrales es minimizar el riesgo de juicios millonarios contra la Argentina en tribunales internacionales, derivados de decisiones de política económica o energética.
4. Señal al mercado y a los inversores
El Gobierno considera que modificar la ley también busca generar mayor previsibilidad jurídica para inversores, en un contexto en el que el Ejecutivo intenta atraer capitales y recuperar el acceso al financiamiento internacional.
El trasfondo: el juicio por la expropiación de YPF
El anuncio se produjo luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara un fallo de primera instancia que había condenado a la Argentina a pagar US$16.000 millones en el litigio iniciado por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de demanda de accionistas minoritarios de la petrolera.
Desde el Gobierno estiman que el proceso judicial implicó unos US$80 millones en honorarios legales para la defensa del Estado.
Reacciones políticas
Tras el fallo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió la estatización de YPF y afirmó que la decisión se realizó “conforme a derecho” y fue estratégica para recuperar la soberanía energética.
En la misma línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participó de la operación cuando era ministro de Economía, sostuvo que la nacionalización fue “una de las decisiones más importantes de las últimas décadas”.
El proyecto impulsado por Milei abre ahora un nuevo debate político y legislativo sobre el alcance de la intervención del Estado en la economía y el marco legal para futuras expropiaciones en la Argentina
