En los últimos doce meses los juicios ya suman 132.000 causas abiertas. La UART pidió objetividad y certeza en los procesos judiciales para evitar “indemnizaciones abusivas que comprometen la sostenibilidad del sistema”
A noviembre de 2025 se notificaron 122.875 juicios desde enero, alcanzando un total de 131.998 en los últimos doce meses, superando ampliamente las proyecciones iniciales de 130.000. El promedio mensual se mantiene por encima de las 11.000 causas, lo que confirma un crecimiento sostenido respecto de los registros del año pasado.
La litigiosidad de 2025 viene siendo 5,1% superior a la del mismo período de 2024, por lo que se estima que a diciembre se alcancen los 132 mil casos.
Provincia de Buenos Aires (PBA) concentra el 39% de las demandas, manteniendo su liderazgo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se consolida como la segunda jurisdicción más litigiosa, con un incremento del 8% en su acumulado anual.
Santa Fe superó su récord de 2019 en el acumulado de enero a noviembre, con un aumento del 26% interanual.
Chubut registra la mayor variación interanual: 44% en los primeros once meses de 2025 frente al mismo período de 2024.
San Luis muestra un crecimiento del 20% en el acumulado anual (enero a noviembre), mientras que el acumulado móvil de doce meses alcanza el 22%.
Además, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señala que esta situación se produce en un contexto paradójico: mientras los accidentes laborales se reducen año tras año gracias al compromiso de todos los actores en materia de prevención —con una baja del 80% en fallecimientos y del 55% en accidentes en el ámbito laboral—, la litigiosidad continúa creciendo de manera desproporcionada.
Este récord histórico de casi 132.000 nuevas demandas, agrava aún más la presión sobre el sistema. En este escenario, la UART insistió con en la necesidad urgente de instrumentar el Cuerpo Médico Forense en las 18 provincias adheridas a la Ley de Riesgos de Trabajo.
La conformación de estos cuerpos es el único mecanismo capaz de ordenar el actual descalabro pericial, aportar transparencia y certeza a los procesos judiciales y evitar la fijación de montos indemnizatorios abusivos que comprometen la sostenibilidad del sistema.
La labor de los peritos es determinante en los juicios por riesgos del trabajo, ya que sus dictámenes definen el grado de incapacidad y los montos indemnizatorios. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo forense unificado genera criterios dispares y evaluaciones contradictorias que alimentan la litigiosidad. La conformación y correcto funcionamiento de estos cuerpos es indispensable para garantizar transparencia, objetividad y certeza en los procesos judiciales, evitando indemnizaciones abusivas que comprometen la sostenibilidad del sistema y asegurando un marco de equidad tanto para los trabajadores como para las aseguradoras.
