Mientras el proyecto oficial desembarca en el Senado, las principales cámaras empresariales pymes expresan dudas, alertas y algunos respaldos puntuales. Temen impacto en salarios y consumo, pero destacan avances en indemnizaciones.
El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno Nacional comenzó su recorrido parlamentario y desató una ola de reacciones entre las cámaras que representan a las pequeñas y medianas empresas. Aunque la iniciativa promete modernizar el sistema, las entidades empresariales exhiben posiciones divididas y advierten que su impacto podría golpear de lleno al mercado interno.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero Vicente Lourenzo confirmó que el texto aún está bajo análisis de los equipos legales. Si bien la entidad prefiere evitar definiciones tajantes hasta cerrar una postura oficial, anticipó que la propuesta contiene “puntos que podrían resultar favorables” y otros que consideran abiertamente “problemáticos”.
Más crítico fue Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), quien cuestionó el proyecto en duros términos. Según advirtió, la reforma “es un tiro en el pie” para los trabajadores y, por extensión, para las pymes que dependen del consumo interno. “Si baja la masa salarial, baja automáticamente nuestro nivel de ventas. Lo que se deteriora no es solo el empleo, sino el mercado que sostiene nuestra actividad”, señaló.
Moreno también alertó que la reformulación de figuras laborales flexibilizaría vínculos que hoy se consideran precarios. “Se disfraza la pérdida de derechos como formalización. Lo que veremos es una degradación del empleo tal como lo conocemos”, sostuvo. Y añadió que, en contextos recesivos como el actual, “ninguna reforma de este tipo generó más trabajo o dinamismo económico”.
En contraste, Industriales Pymes Argentinos (IPA) adoptó una mirada más equilibrada. Su presidente, Daniel Rosato, reconoció la necesidad de ajustes y destacó avances en uno de los capítulos más sensibles: el esquema de indemnizaciones. Rosato valoró especialmente dos herramientas incluidas en el proyecto: el Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
“Hace años venimos proponiendo un mecanismo similar”, recordó. El sistema contempla un aporte mensual del empleador —alrededor del 3% de la masa salarial— destinado a un fondo administrado por un organismo como ANSES. “Ese ahorro garantiza que la indemnización esté disponible tanto en caso de despido como de retiro voluntario, sin necesidad de judicializar”, explicó.
Para Rosato, la clave es lograr una legislación “equilibrada y consensuada” que otorgue previsibilidad. “Una reforma que dé seguridad jurídica a ambas partes ayudará a que las pymes puedan contratar sin miedo y que los empleados tengan resguardo real”, completó.
El debate recién comienza en el Congreso, pero las cámaras ya dejaron en claro que la discusión será intensa: entre recelos, advertencias y algunos respaldos técnicos, el sector pyme se juega buena parte de su funcionamiento futuro.
