La Argentina logró este martes un alivio temporal en la causa judicial por la expropiación de YPF, luego de que una Corte de Apelaciones de Nueva York suspendiera momentáneamente la orden que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes encabezados por Burford Capital.
La medida, conocida como “suspensión administrativa temporal”, frena la ejecución del fallo dictado el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, que había generado fuerte preocupación en el Gobierno y en el mercado.
Qué resolvió la Justicia y qué puede pasar ahora
Según consta en el documento judicial emitido este 15 de julio, la suspensión se dictó con el objetivo de permitir una presentación ordenada de argumentos por parte de las partes involucradas en el litigio. El nuevo cronograma judicial es el siguiente:
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17 de julio: Burford Capital deberá presentar su oposición al pedido de Argentina para extender la suspensión.
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22 de julio: El Estado argentino responderá con argumentos detallados a favor de mantener frenada la ejecución.
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Luego, un panel de tres jueces analizará los escritos y definirá si otorga la suspensión por todo el tiempo que dure la apelación de fondo.
El abogado Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, explicó en redes sociales los pasos a seguir:
“Una vez definido el cruce de escritos y elegidos los jueces, la Cámara puede resolver en cualquier momento el pedido de suspensión, aunque no tiene plazos establecidos”.
Qué está en juego
Si el tribunal accede al pedido argentino, la entrega del 51% de las acciones de YPF quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación principal, en la que Argentina busca revertir el fallo que la obliga a pagar USD 16.100 millones por la forma en que se estatizó la petrolera en 2012.
Sin embargo, si el tribunal rechaza la solicitud, la orden de Preska volverá a estar vigente, y el país deberá avanzar en la entrega de los títulos.
Soler anticipó que, debido a los tiempos judiciales en EE.UU., es improbable que la apelación de fondo se resuelva antes de 2026, por lo que esta decisión interina resulta estratégica para ganar tiempo y evitar un desprendimiento inmediato de activos clave.
