El histórico restaurante de la Recoleta denuncia un fallo “arbitrario” que lo obliga a pagar más de $200 millones tras un reclamo laboral originado en la pandemia. Su dueño advierte que podría cerrar.
Una de las marcas gastronómicas más reconocidas de Buenos Aires atraviesa su momento más crítico en tres décadas. Piegari, el emblemático restaurante de la Recoleta, podría verse forzado a bajar la persiana debido a una sentencia laboral que, según su propietario, pone en jaque la continuidad del negocio.
Alberto Chinkies, dueño del local, aseguró que la jueza a cargo del expediente ordenó un pago que supera los $200 millones, un monto que —sostiene— excede incluso lo pedido por el trabajador demandante. “Presentamos toda la documentación, pero el fallo fue completamente desfavorable. Es imposible afrontar esa cifra”, afirmó en declaraciones radiales.
Un conflicto que nació en la pandemia
El caso se remonta a 2020. Según explicó Chinkies, el empleado en cuestión —un mozo con más de 25 años de antigüedad— dejó de presentarse a trabajar durante las restricciones sanitarias. “Cuando pudimos funcionar como esenciales y ofrecer delivery, lo convocamos varias veces y nunca respondió”, aseguró.
Tras meses sin actividad, Piegari decidió despedirlo con causa. El trabajador, en cambio, se consideró despedido y presentó una demanda apoyada, según el empresario, en “testimonios preparados”.
Embargos, apelaciones y un futuro incierto
El fallo de primera instancia no solo dio la razón al empleado, sino que fijó una indemnización que, para la empresa, resulta inviable. Chinkies afirmó que todas las cuentas del restaurante quedaron embargadas por $160 millones adicionales, lo que paraliza la operatoria diaria. “¿Cómo pago sueldos, proveedores, aguinaldos? ¿Cómo sigo funcionando?”, planteó.
El caso fue apelado ante la Cámara laboral, donde esperan revertir lo que definen como una resolución “arbitraria” y “alejada de la realidad”. El empresario también cuestionó los cálculos judiciales, asegurando que la remuneración proyectada para el trabajador —“unos $8 millones mensuales”— es “absurda y sin sustento”.
“Si esto queda firme, estamos frente a una sentencia que puede hacer desaparecer un restaurante con más de cien empleados. No sé de dónde sacar el dinero. No sé cómo seguir”, concluyó con preocupación.
