El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso este martes ejecutar el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad. La decisión se tomó luego de que la condena dictada en diciembre de 2022 quedara firme en junio de este año, confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
La ex presidenta —que cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria— y otros involucrados deberán afrontar la pérdida de 122 propiedades y activos, identificados por la fiscalía como resultado directo de la maniobra de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Cómo se llegó al monto del decomiso
El valor original del decomiso había sido fijado en $84.835 millones, pero peritos contables actualizaron esa cifra a $684.990 millones, siguiendo pautas avaladas por la Corte Suprema. Según el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los condenados no cumplieron con el pago voluntario, por lo que se habilitó la venta de los bienes.
Qué bienes serán ejecutados
Entre los activos alcanzados por la medida figuran:
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Propiedades de Lázaro Báez y de firmas de su holding, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
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Terrenos, hoteles y departamentos ubicados en Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
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Un inmueble registrado a nombre de Cristina Kirchner.
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Bienes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró acreditado que existió un esquema sistemático de adjudicación irregular de obra pública que generó sobreprecios, cartelización y falta de controles, beneficiando a Báez. Ese circuito, según el fallo, derivó en un incremento patrimonial ilícito que se materializó en propiedades y negocios vinculados a la familia Kirchner.
Rechazo a los planteos de las defensas
Los magistrados descartaron los argumentos que buscaban desligar los bienes del delito, así como los planteos sobre supuestos sobreseimientos previos o eventuales afectaciones a terceros. El tribunal recordó que el decomiso no exige una trazabilidad contable minuciosa, sino una relación razonable entre los bienes y el enriquecimiento generado por el delito.
La resolución se apoya en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que promueve la recuperación de activos como herramienta clave para combatir delitos complejos.
Qué pasará con los bienes
Cuando se complete la tasación, el TOF 2 comunicará la decisión a la Corte Suprema, que podría destinar los fondos al sistema judicial. Además, los bienes se incorporarán a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados, y el tribunal recomendó asegurar que el dinero recuperado contribuya a reparar daños en Santa Cruz, especialmente por las obras viales inconclusas.
Lo que había anticipado el fiscal Diego Luciani
Días atrás, el fiscal Diego Luciani había advertido que buscaba que la Justicia avanzara con la ejecución del decomiso:
“El decomiso está firme. Solo falta hacerlo efectivo. Intimamos a pagar más de 500 millones de dólares; no cumplieron. Ahora hay que ir por los bienes”, afirmó durante una exposición en el Rotary Club.
Luciani y el fiscal Sergio Mola habían solicitado al TOF 2 que se pusiera en marcha la medida tras vencer el plazo de diez días hábiles que tenían Cristina Kirchner, Báez y los demás condenados para afrontar solidariamente el pago de $684.990.350.139,86, equivalente a unos USD 500 millones.
