El Gobierno argentino solicitó a la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, extender hasta el 21 de noviembre el plazo para que los funcionarios y exfuncionarios involucrados entreguen sus chats y comunicaciones electrónicas en el marco de la causa por la expropiación de YPF.
La presentación se enmarca dentro del proceso de discovery impulsado por el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo por US$16.000 millones contra la Argentina. El objetivo es determinar si el Estado argentino actuó como “alter ego” de YPF, lo que podría habilitar el embargo de activos de la petrolera y otras empresas públicas.
Fuentes oficiales explicaron que “la audiencia ya se había reprogramado para el 4 de noviembre”, pero que el país pidió “una prórroga hasta el 21 de noviembre” para completar la recolección de datos. “La posición argentina es cooperar para obtener el consentimiento de los 35 funcionarios y exfuncionarios involucrados”, detallaron.
Qué busca la jueza Preska
La orden judicial apunta a obtener mensajes y correos electrónicos —incluidos los enviados por WhatsApp y otras plataformas— que puedan probar si los funcionarios utilizaron canales informales para dar directivas, intervenir en precios de combustibles o influir en la gestión de YPF, actuando en nombre del Estado y no como una empresa independiente.
Si se comprobara ese vínculo directo, los demandantes podrían avanzar sobre activos de YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas o ENARSA, con el fin de garantizar el cobro del fallo millonario.
La jueza Preska ya había emitido en septiembre la sentencia final que condenó al Estado argentino, aunque eximió a YPF de responsabilidad directa. El nuevo capítulo del caso apunta ahora a determinar si existió una relación de control estatal que justifique ampliar el alcance del embargo.
