El dato surge del informe sobre Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, elaborado por el ministerio de Hacienda. En total hay 55 millones de cuentas abiertas en el sistema financiero.
El sistema financiero tiene un alcance mucho mayor del que se estimaba hasta hace muy poco tiempo. Luego de un relevamiento completo, que incluyó al Banco Central, ANSES, AFIP y otros organismos públicos, se determinó que el 80% de la población adulta tiene acceso a por lo menos una cuenta bancaria. Los últimos números que databan de un estudio del BID de 2017 afirmaba que ese porcentaje era apenas superior al 50%.
La información detallada está incluída en el informe sobre la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que elaboró el ministerio de Hacienda. De allí surge que son 26,9 millones de adultos los que poseen cuenta.
En total hay abiertas en el sistema financiero un total de 55,7 millones de cuentas. De esa cantidad, hay 9,2 millones de cuenta sueldo, otras 13,3 millones que corresponden a cuentas previsionales y 6,7 millones de planes sociales. Y hay 25 millones de cuentas que no responden a ninguna de estas especificaciones.
Casi en forma paralela, el INDEC publicó un trabajo sobre la tendencia en el consumo de los argentinos. Y de allí surge que el 69% de todas las compras se realizan en efectivo.
Se trata de una gran paradoja: la gran mayoría de la población tiene acceso a servicios financieros, pero a la hora de consumir prefiere hacerlo con dinero en efectivo. Este fenómeno está relacionado en buena medida con el fenómeno conocido como “sub” bancarización. Se trata de aquella población que tiene una cuenta o acceso a bancos pero no los utiliza.
El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, presidió la semana pasada la décima reunión del Consejo de Coordinación de Inclusión Financiera en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, donde se analizaron los avances alcanzados durante los últimos 4 años.
Ante representantes del sector público, privado, la academia y de organismos internacionales, Bausili expuso sobre el estado de situación de las iniciativas del Consejo y se intercambiaron opiniones sobre los próximos pasos a seguir. “Hubo consenso en que la agenda de inclusión financiera debe ser una política de Estado y que por lo tanto debiera seguir desarrollándose en forma continua más allá del alineamiento político de la administración del gobierno”, sostuvo el Secretario.
Asimismo, se realizó un enfoque en las áreas de políticas públicas que se consideran como prioritarias, incluyendo la digitalización de medios de pago, el acceso al sistema financiero y disponibilidad de información a los fines de crédito, educación financiera y género.
Algunos de los principales avances mencionados durante el encuentro fueron la publicación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la multiadquirencia en medios de pagos, la creación del alias CBU y CVU, la eliminación de retenciones de IVA e II.GG. a microempresas, la regulación de las corresponsalías bancarias, la disponibilidad de información y el anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales. Además, se presentó la Política para el Acceso al Crédito Productivo y el Plan Nacional de Educación Financiera.
