El Gobierno toma USD 200 millones del BID para reformas de transparencia e integridad de la gestión pública

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Contribuirá al acceso a la información pública, a la conducta ética de los funcionarios públicos y a la gestión del sector financiero.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó financiamiento por USD 200 millones para la segunda fase del Programa de Apoyo a Reformas de Transparencia e Integridad en Argentina para continuar fortaleciendo las reformas que el gobierno viene impulsando desde 2016.

El objetivo de esta nueva fase del préstamo es promover el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y los actores económicos mediante la adopción de politicas que contribuyan a la transparencia y la integridad de la gestión pública.

Concretamente, el Programa fortalece el acceso a la información y el marco legal de la ética de los funcionarios públicos.

En este sentido, se acompaña la reglamentación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, el fortalecimiento de la capacidad de los órganos de aplicación de la misma en torno a las reglas de desempeño de los cargos públicos, la implementación de la Ley del Arrepentido y las mejoras en torno al tratamiento de los obsequios a funcionarios públicos.

Otra área de especial atención es el fortalecimiento de la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. En este sentido, el programa promueve la adopción generalizada del sistema de gestión electrónica para las contrataciones y concesiones de obras y servicios públicos que permita facilitar y agilizar la interacción entre el Estado Nacional y los usuarios del sistema de contrataciones.

Finalmente, se prevé incrementar la efectividad del sistema financiero y reducir los costos de transacción a partir del fortalecimiento de la transparencia financiera. En este sentido, las medidas están alineadas con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), promoviendo el desarrollo de un marco institucional que garantice la autonomía de la Unidad de Información Financiera y su capacidad de gestión de la información tanto de organismos análogos como de sujetos obligados, y la efectividad del Banco Central como supervisor de entidades financieras.

El proyecto es el segundo de dos operaciones secuenciales. La primera fue aprobada en agosto 2017 bajo la modalidad de préstamo programático de apoyo a reformas de política.

El programa centra la mayoría de sus medidas en esfuerzos tendientes a la modernización del Estado en diferentes aspectos de la gestión de recursos humanos, mayor acercamiento al ciudadano a través de la implementación de la agenda de Gobierno Abierto, desburocratización y acciones de transparencia y fortalecimiento institucional para luchar contra la corrupción.

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