La Cámara alta convirtió en ley la norma que flexibiliza controles de ARCA y busca que los ahorristas reingresen divisas al circuito bancario sin penalidades. Los funcionarios públicos quedaron excluidos del régimen de beneficios.
En una sesión clave para la agenda económica del Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación aprobó en general y convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bancadas provinciales.
La flamante legislación apunta a movilizar el stock de ahorros en dólares que los argentinos mantienen atesorados fuera del circuito financiero formal, una masa estimada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en unos USD 170.000 millones. Para el titular del Palacio de Hacienda, retener divisas “debajo del colchón” resulta hoy “un mal negocio” frente a las nuevas condiciones de estabilidad e inversión.
Puntos centrales de la nueva ley:
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Sin topes patrimoniales: eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen simplificado de Ganancias.
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Límites a la fiscalización de ARCA: fijación de parámetros objetivos y taxativos para que el organismo recaudador pueda objetar declaraciones juradas.
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Corte a presunciones fiscales: limitación temporal estricta a las estimaciones de oficio que aplica el fisco.
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Alivio y resolución de litigios: reducción sustancial de multas y vías abreviadas para solucionar controversias tributarias pendientes.
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Exclusión política: ningún funcionario público de los tres poderes del Estado podrá acogerse a las exenciones ni beneficios del régimen (solo podrán usar el sistema para liquidar y pagar el tributo correspondiente).
Con esta sanción, el oficialismo busca ampliar la base imponible y apuntalar la liquidez del sistema bancario mediante la formalización voluntaria de tenencias no declaradas.
