Un informe reservado del servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos encendió el debate en Washington sobre el uso discrecional de herramientas financieras del Tesoro, tras el salvataje otorgado a la Argentina en 2025 durante la administración de Donald Trump. El documento sugiere avanzar en una regulación que obligue a contar con aprobación legislativa para evitar intervenciones similares en el futuro.
El trabajo, elaborado por analistas del Congressional Research Service, cuestiona el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro (Exchange Stabilization Fund) en favor del gobierno de Javier Milei. Según el informe, la asistencia —estimada en unos US$20.000 millones— habría respondido a “razones ideológicas” y podría haber tenido como objetivo “influir indebidamente” en el proceso electoral argentino.
El Fondo, creado en 1934, permite al Tesoro estadounidense intervenir en mercados cambiarios y otorgar financiamiento con escasas restricciones y sin צורך de aprobación previa del Congreso. Esa flexibilidad, considerada clave en contextos de crisis, es precisamente lo que ahora está bajo revisión tras el caso argentino, el primero de gran magnitud con un gobierno extranjero desde comienzos de siglo.
De acuerdo con el informe, la operación con Argentina se ubica como la segunda más relevante en la historia del instrumento, solo por detrás del rescate a México en la crisis del peso de 1995. Parte de ese acuerdo incluyó mecanismos de intercambio de monedas y asistencia directa para sostener la estabilidad financiera, en un contexto de fuerte tensión cambiaria.
Sin embargo, legisladores estadounidenses expresaron reparos tanto por el volumen de la asistencia como por su oportunidad política. El documento advierte que el uso de estos recursos compromete una porción significativa de los activos del Fondo —que rondaban los US$24.000 millones a comienzos de 2026— y limita su capacidad para cumplir su función original de estabilización del dólar.
En ese marco, el informe propone distintas alternativas para reforzar el control institucional. Entre ellas, establecer límites más estrictos al uso del Fondo, exigir la aprobación del Congreso para operaciones de gran escala y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y la opinión pública.
El caso argentino se inscribe, además, en una evaluación más amplia sobre la situación económica del país. Si bien el informe reconoce avances en crecimiento, desaceleración inflacionaria y equilibrio fiscal, también señala incertidumbres vinculadas al mercado laboral, la conflictividad social y la sostenibilidad de la política cambiaria.
De cara al futuro, el Congreso estadounidense considera incierto que se repita un respaldo financiero de esta magnitud. El documento advierte que, ante nuevas necesidades, Argentina podría recurrir nuevamente a organismos como el Fondo Monetario Internacional u otras fuentes oficiales, aunque la disposición de esos actores a ampliar su exposición también aparece bajo cuestionamiento.
