La entidad empresaria sostuvo que la iniciativa, tal como está redactada, impone cargas desproporcionadas a empresas, pymes y organizaciones civiles, y podría limitar el diálogo institucional con el Estado.
En el marco del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Gestión de Intereses, conocido públicamente como Ley de Lobby, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación por diversos aspectos de la iniciativa que actualmente analiza la Cámara de Diputados.
La entidad aseguró que comparte el objetivo de fortalecer la transparencia en las relaciones entre los distintos actores sociales, económicos y políticos y las autoridades públicas. En ese sentido, destacó que la publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los pilares fundamentales del sistema republicano.
Sin embargo, advirtió que el texto en debate presenta una serie de desequilibrios que, a su entender, deberían ser corregidos antes de su aprobación. Entre los principales cuestionamientos, la CAC señaló la creación de nuevas cargas administrativas para el sector privado que no tendrían correlato en el ámbito público.
Además, alertó que algunos requisitos previstos en la norma serían de difícil cumplimiento para pequeñas y medianas empresas, así como para organizaciones de la sociedad civil, lo que podría restringir su acceso al diálogo con funcionarios y legisladores.
Otro de los puntos más controvertidos para la entidad es la incorporación de sanciones penales por incumplimientos vinculados al Registro de Gestores de Intereses. Según la CAC, la posibilidad de aplicar castigos de carácter penal incluso ante faltas formales resulta desproporcionada y podría derivar en una criminalización de la representación legítima de intereses del sector privado.
“El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales”, sostuvo la organización en un comunicado.
Frente a este escenario, la cámara empresarial remarcó que la búsqueda de mayor transparencia en los asuntos públicos no debe traducirse en obstáculos innecesarios para la actividad privada, a la que definió como un actor clave para el desarrollo económico y social del país.
Por último, la CAC reafirmó su disposición a colaborar con el Congreso para mejorar el proyecto y alcanzar una legislación equilibrada, con reglas claras y previsibles para todos los sectores involucrados. También ratificó su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el sector público y ponerse a disposición de los legisladores para ampliar su posición sobre la iniciativa.
