El fallo de la jueza Loretta Preska ordena a la Argentina transferir el 51% de YPF como parte de pago por la expropiación de 2012. La resolución se apoya en legislación de EE.UU. y deja al país al borde del desacato judicial si no cumple en el plazo de 14 días.
Las 10 claves del fallo:
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Multa millonaria por la expropiación:
El caso Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic terminó en una condena por US$ 16.100 millones, por no haber lanzado una oferta pública al momento de la estatización de YPF en 2012. -
Acciones involucradas:
Se ordena la entrega del 51% de las acciones Clase D de YPF, actualmente en poder del Estado nacional, vía ANSES y el Tesoro. -
Plazos estrictos:
La Argentina debe transferir las acciones a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, y luego pasarlas a los fondos demandantes dentro del siguiente día hábil. -
Base legal estadounidense:
Preska se apoyó en la Regla 69 del FRCP (Federal Rules of Civil Procedure), junto con las leyes CPLR § 5225(c) y UCC § 8-112(e) del estado de Nueva York. -
Sin inmunidad soberana:
Invocando la “excepción comercial” de la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras), Preska argumentó que las acciones se usaron para operar comercialmente en EE.UU., habilitando la ejecución. -
Acciones sin certificado físico:
Aunque están registradas en la Caja de Valores, las acciones son “libremente transferibles” según la ley de Nueva York. Al ser depositadas en BNYM, su situs legal pasa a EE.UU. -
Ley argentina sin peso en EE.UU.:
El Artículo 10 de la Ley 26.741 (que prohíbe la venta de acciones sin aprobación legislativa) no impide la transferencia bajo ley estadounidense. -
Prioridad del derecho estadounidense:
El fallo argumenta que no hay un “conflicto legal real” entre la ley argentina y el sistema judicial de EE.UU., y que Washington tiene un fuerte interés en que sus sentencias se cumplan. -
Sin audiencia oral:
Preska rechazó realizar una vista oral y desestimó el pedido argentino para postergar la resolución. -
Advertencia por desacato:
Si la Argentina no cumple, los fondos pueden solicitar sanciones civiles y avanzar con nuevos embargos sobre otros activos soberanos del país.
