Masivo rechazo empresario contra la intervención oficial sobre Vicentín

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Las principales cámaras de la Argentina se manifestaron duramente al DNU firmado por el Presidente. Aseguran que se vulnera el “estado de derecho”.

La ofensiva del Gobierno sobre la cerealera Vicentín provocó un inmediato repudio de las principales cámaras empresarias de la Argentina, desde la Sociedad Rural hasta la UIA. Con matices, la principal crítica estuvo centrada en la intervención de la empresa por parte del Estado, dispuesta a través de un DNU, lo que vulnera cualquier procedimiento dispuesto por las leyes argentinas.

Pero además los aspectos relacionados con la “seguridad jurídica” también se habló de las dificultades para conseguir futuras inversiones con medidas de estas características.

¿Qué dijeron las distintas cámaras empresarias en las últimas horas sobre el “caso Vicentín”? La Junta Directiva de la UIA manifestó –en un escueto comunicado- la necesidad de “garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad. Esto es una condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión”, agregando que ambas serán fundamentales en la salida de la recesión económica.

Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina fue mucho más contundente, rechazando “la intervención y el proyecto de expropiación” de Vicentín.

“Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país”.

Al mismo tiempo, se metió sobre la cuestión de fondo: “La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador –recalcó AEA- es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”.

El Consejo Directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifiesta su desacuerdo con el decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se interviene la firma Vicentín. “En momentos en que los argentinos debemos estar unidos para lograr superar la crisis que estamos viviendo, consideramos que la presente iniciativa solo tiende a dividir a la sociedad, pasando por alto todos los mecanismos legales e institucionales que existen en nuestro país para administrar situaciones como la que afronta la empresa en cuestión”.

“Consideramos que el accionar del Gobierno para con Vicentín no solo no garantiza los puestos de trabajo a futuro sino que produce un quiebre en la división de poderes garantizada por nuestra Constitución, que en el largo plazo solo contribuirá a que hayan menos inversiones y menos empleos en el sector privado”.

Desde la Sociedad Rural habían manifestado ya su rechazo y Daniel Pellegrina indicó que la futura operación “no obedece a ninguna lógica económica, sino política”. En la misma dirección, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dejó varias preguntas picando: “¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuando, cómo y por qué monto? ¿Nacionalizará el Estado una deuda totalmente privada? El concurso tiene un juez y un ámbito, este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro?

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