Moody’s: los seis riesgos que enfrentarán las provincias argentinas este año

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Las provincias sufrirán el limitado acceso al mercado de capitales y verán comprometidos los vencimientos de deuda. La capacidad crediticia será vulnerable.

1 – Recuperación económica tras el shock del coronavirus
Se espera un aumento del PBI de 5,2% en 2021, gracias al efecto base favorable. Sin embargo, es probable que el crecimiento a largo plazo se mantenga por debajo del 2% debido a limitaciones estructurales, en particular, a los bajos niveles de inversión.

2 – Los desequilibrios macroeconómicos pueden agravarse
Los desequilibrios pueden prolongar una crisis económica ya extensa. Entre los continuos desafíos se encuentran la elevada inflación, reafirmada por el financiamiento del déficit fiscal por parte del banco central, y la presión cada vez mayor sobre el tipo de cambio y las reservas internacionales.

3 – La rigidez del gasto público seguirá presionando la liquidez
Incluso después de haber reestructurado con éxito la deuda en moneda extranjera, la rigidez del gasto público en bienestar social y salarios, junto con mayores demandas sociales y una elevada inflación, seguirá presionando la liquidez y dificultando la administración del capital de trabajo.

4 – Acceso limitado a mercados de capitales
El acceso al mercado internacional será limitado, y el mercado local carece de profundidad para absorber grandes requerimientos financieros, lo que aumentará la dependencia de las provincias del financiamiento de un soberano débil.

5 – Capacidad limitada para cumplir futuras obligaciones
El riesgo de otra reestructuración de la deuda dentro de tres a cuatro años (cuando se venzan los pagos del principal) sigue siendo elevado. Esto se debe a que Argentina tiene un acceso restringido a los mercados mientras no resuelva sus desequilibrios macroeconómicos de larga data.

6 – El riesgo de interferencia del soberano sigue siendo alto
Los últimos casos de cambios repentinos en las políticas públicas y disputas judiciales entre el soberano y los gobiernos regionales indican una mayor vulnerabilidad de la calidad crediticia de los subsoberanos ante el gobierno federal.

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