Los cuatro países se destacan por sus bajos niveles de riesgo soberano, pero no todos tienen la misma deuda. Qué factores explican la confianza de los mercados y cuánto pagan por financiarse.
El riesgo país dejó de depender exclusivamente del nivel de deuda pública. En América Latina, los mercados financieros están diferenciando cada vez más a los países según su capacidad para corregir desequilibrios fiscales, refinanciar sus obligaciones y sostener instituciones económicas creíbles.
En ese escenario, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú se mantienen entre los países latinoamericanos con mejores indicadores de riesgo soberano en agosto de 2026. Sus posiciones se explican por una combinación de disciplina fiscal, reservas internacionales, acceso al financiamiento, vencimientos de deuda y credibilidad institucional.
El indicador más utilizado para medir esta percepción es el EMBI (Emerging Markets Bond Index) de JPMorgan, que compara el rendimiento de los bonos de los países emergentes con los títulos del Tesoro de Estados Unidos. La diferencia entre ambos rendimientos, conocida como spread, funciona como una referencia del riesgo que los inversores asignan a cada economía.
“Más que compartir el mismo nivel de deuda, los tres destacan por factores que reducen la probabilidad de problemas de financiamiento”, explicó Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.
Riesgo país: qué tienen Uruguay, Chile, Paraguay y Perú
Los cuatro países presentan características diferentes, pero comparten algunos elementos que los mercados consideran centrales para evaluar la capacidad de pago de un Estado.
Uruguay mantiene el grado de inversión, vencimientos de deuda relativamente largos, colchones de liquidez y un acceso favorable a los mercados internacionales. El Fondo Monetario Internacional señaló que sus spreads soberanos se encuentran entre los más bajos de América Latina.
Chile cuenta con instituciones fiscales y monetarias consideradas sólidas y un acceso estable al financiamiento. Aunque enfrenta el desafío de consolidar sus cuentas públicas, la deuda bruta del Gobierno Central está proyectada en torno al 42% del PIB para 2026.
Paraguay construyó su reputación financiera a partir de más de dos décadas de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. La reforma tributaria de 2003 marcó un punto de partida para un modelo basado en bajos impuestos, control del déficit y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Perú, en tanto, combina una deuda pública relativamente baja, reservas internacionales abundantes y credibilidad monetaria. El FMI proyecta una deuda pública cercana al 30% del PIB y el país conserva una calificación BBB-, todavía dentro del grado de inversión.
La conclusión es que el tamaño de la deuda no explica por sí solo el riesgo país. También importan la capacidad de refinanciamiento, los activos disponibles y la confianza en las instituciones.
Cuánto deben y cuánto pagan los principales países de América Latina
Los datos muestran diferencias importantes entre deuda y riesgo percibido por los mercados.
| País | Deuda bruta 2026 | Deuda neta 2026 | CDS a 5 años | Calificación S&P |
|---|---|---|---|---|
| Chile | 42,5% del PIB | 28,5% | 41,24 pb | A |
| Uruguay | 66,8% | 58,0% | 50,77 pb | BBB+ |
| Perú | 30,0% | 22,9% | 59,02 pb | BBB- |
| México | 62,7% | 54,2% | 79,44 pb | BBB |
| Panamá | 57,7% | 42,2% | 89,18 pb | BBB- |
| Costa Rica | 61,1% | 59,3% | 104,86 pb | BB |
| República Dominicana | 58,3% | 47,1% | 47,1% | BB |
| Brasil | 96,5% | 70,8% | 122,21 pb | BB |
| Colombia | 60,9% | 53,6% | 136,18 pb | BB- |
Fuente: WEO del FMI e IIF. CDS al 25 de agosto de 2026.
El contraste más evidente aparece entre Uruguay y Colombia. Uruguay tiene una deuda bruta considerablemente elevada, cercana al 67% del PIB, pero sus CDS a cinco años se ubican alrededor de 51 puntos básicos, frente a unos 136 puntos de Colombia.
Esto muestra que los inversores no solamente preguntan cuánto debe un país, sino también qué tan probable es que pueda refinanciar esa deuda y corregir sus desequilibrios si las condiciones empeoran.
Chile: una deuda relativamente alta no impide un riesgo país bajo
Chile es uno de los ejemplos más claros de esta diferencia.
En 2021 llegó a registrar un déficit primario cercano al 7% del PIB, uno de los mayores de la región. Sin embargo, actualmente mantiene una de las primas de riesgo más bajas de América Latina.
La explicación está relacionada con la fortaleza de sus instituciones fiscales y monetarias y con la existencia de mecanismos destinados a contener los desequilibrios.
En una muestra de nueve soberanos latinoamericanos, la correlación entre deuda bruta y prima de riesgo es de apenas 0,33. En cambio, la relación entre la prima y la calificación crediticia en moneda extranjera alcanza -0,95.
Para Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), esto indica que las calificadoras y los mercados están prestando especial atención a la calidad del marco institucional y a la capacidad de corregir los desequilibrios fiscales.
Uruguay y el valor de tener un Consejo Fiscal
Uruguay ofrece otro ejemplo de cómo las instituciones pueden reducir la percepción de riesgo.
El Consejo Fiscal Autónomo proyectó que, bajo un escenario de crecimiento de 1,3%, la deuda neta podría alcanzar el 63,5% del PIB en 2029, cerca del límite legal de 65%.
Sin embargo, esa proyección no generó un salto significativo en la prima de riesgo.
La razón es que la existencia de un organismo fiscal independiente permite que los mercados conozcan con anticipación los posibles problemas de las cuentas públicas. De esta manera, el riesgo puede incorporarse a los precios antes de convertirse en una crisis de financiamiento o provocar una rebaja de la calificación.
Para Fortun, el Consejo Fiscal funciona así como un activo del balance soberano, porque permite anticipar los desequilibrios en lugar de reaccionar cuando el problema ya está instalado.
Paraguay: más de dos décadas de disciplina fiscal
El caso paraguayo está asociado principalmente a la continuidad de sus políticas económicas.
Según el analista financiero Amílcar Ferreira, la confianza de los inversores y las calificadoras se construyó durante más de 20 años a partir de la reforma tributaria de 2003.
El país mantuvo una estrategia caracterizada por disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y déficits generalmente controlados. Incluso durante los períodos en los que se superaron los límites establecidos, la existencia de una hoja de ruta para volver al equilibrio ayudó a preservar la credibilidad.
Esa consistencia contribuyó a que Paraguay alcanzara el grado de inversión, reduciendo el costo al que puede acceder al financiamiento internacional.
Perú: deuda baja, reservas y credibilidad monetaria
Perú presenta una de las posiciones fiscales más favorables de la región.
La deuda pública proyectada para 2026 ronda el 30% del PIB, mientras que la deuda neta se ubica cerca del 23%. A esto se suman importantes reservas internacionales y una política monetaria que conserva credibilidad.
El resultado es una combinación que reduce la percepción de riesgo incluso en períodos de elevada incertidumbre política.
Su calificación BBB- representa, además, el último escalón dentro del grado de inversión de S&P.
Colombia pone a prueba la importancia de las instituciones
El caso de Colombia permite observar el fenómeno desde el extremo opuesto.
El país registra una deuda bruta cercana al 61% del PIB y un CDS a cinco años de unos 136 puntos básicos, muy por encima de Uruguay, Chile y Perú.
Sin embargo, la prima de riesgo se comprimió durante los últimos meses ante las expectativas de un cambio político y de una eventual mejora en la conducción fiscal.
El problema es que los mercados financieros y la inversión productiva todavía muestran señales diferentes.
La inversión extranjera directa acumulada cayó 31% interanual en julio, hasta US$629 millones, y lleva 15 meses por debajo de US$1.000 millones mensuales.
Esto muestra que una mejora del riesgo soberano no necesariamente implica que las empresas estén aumentando sus inversiones de largo plazo.
Por qué es importante tener un riesgo país bajo
Un riesgo país bajo tiene efectos que van mucho más allá del mercado de bonos.
El beneficio más directo es que el Estado puede financiarse a tasas más bajas. Esto reduce el gasto en intereses y permite liberar recursos fiscales para infraestructura, programas sociales u otras políticas públicas.
Además, el efecto se traslada al sector privado. Los rendimientos de los bonos soberanos funcionan como referencia para el costo de financiamiento de bancos y empresas.
Cuando disminuye la prima soberana, las compañías pueden acceder a mercados internacionales en mejores condiciones, emitir deuda más barata y financiar proyectos de inversión con un menor costo de capital.
También aumenta la capacidad del país para enfrentar shocks externos. Una economía con acceso estable al crédito puede refinanciar sus vencimientos aun cuando suban las tasas internacionales o aumente la aversión al riesgo.
Las claves para reducir el riesgo país
La experiencia de Uruguay, Chile, Paraguay y Perú permite identificar algunos factores comunes:
- Disciplina fiscal: evitar que los déficits se vuelvan estructurales.
- Reglas fiscales creíbles: establecer límites y mecanismos de corrección.
- Bancos centrales independientes: preservar la credibilidad monetaria.
- Reservas internacionales: contar con colchones para enfrentar shocks externos.
- Deuda sostenible: no solo importa cuánto se debe, sino cuándo vencen las obligaciones.
- Acceso a los mercados: mantener una relación estable con inversores y organismos internacionales.
- Continuidad institucional: reducir el riesgo de cambios abruptos en las políticas económicas.
La principal conclusión es que el riesgo país no funciona como una simple calculadora de deuda. Dos economías pueden tener niveles de endeudamiento similares y, sin embargo, pagar tasas muy diferentes.
Cuando los spreads regionales son bajos, la calidad institucional adquiere todavía más importancia. Los mercados tienen menos factores externos que expliquen las diferencias y, por lo tanto, prestan mayor atención a la capacidad de cada gobierno para sostener sus cuentas públicas, garantizar el pago de la deuda y corregir los desequilibrios antes de que se transformen en una crisis.
Para América Latina, la experiencia de Uruguay, Chile, Paraguay y Perú muestra que la credibilidad construida durante años puede convertirse en un activo financiero capaz de reducir el costo de endeudamiento y amortiguar los shocks externos
