El Gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste sobre el sistema de salud pública con un recorte superior a los $63.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud.
La medida impacta directamente en programas de medicamentos, transferencias a provincias, prevención de enfermedades, tratamientos oncológicos y políticas de salud sexual, en medio de una creciente preocupación por el deterioro del sistema sanitario.
La reducción fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El ajuste se conoció mientras trabajadores, residentes, sindicatos y organizaciones del sector realizaron una nueva Marcha Federal por la Salud Pública en rechazo al recorte de fondos.
Qué áreas de salud fueron afectadas por el ajuste
El recorte total asciende a $63.021 millones y afecta tanto gastos corrientes como programas específicos considerados sensibles dentro del sistema sanitario nacional.
Las principales reducciones fueron:
- Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud: -$25.000 millones
- Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica: -$20.000 millones
- Cobertura Sanitaria Compensatoria: -$5.000 millones
- Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer: -$5.000 millones
- Prevención y Control de Enfermedades Endémicas: -$1.500 millones
- Salud Sexual y Procreación Responsable: -$900 millones
- VIH, ITS, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra: -$800 millones
Además, el Gobierno redujo partidas vinculadas a alquileres, equipamiento informático, conectividad y funcionamiento operativo del Ministerio de Salud.
También hubo recortes en organismos sanitarios nacionales
El ajuste alcanzó a distintos organismos descentralizados del sistema público de salud:
- Instituto Malbrán: -$1.162 millones
- INCUCAI: casi -$1.000 millones
- ANMAT: -$344 millones
- Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES): -$3.196 millones
- Superintendencia de Servicios de Salud: -$1.743 millones
El recorte al Instituto Malbrán ocurre además en un contexto de aumento de casos de hantavirus y crecimiento de enfermedades respiratorias y endémicas en distintas provincias.
Las transferencias a provincias se desplomaron
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), las transferencias corrientes a provincias y municipios destinadas a salud cayeron 98,8% interanual en términos reales durante abril.
En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, la baja alcanzó el 92,6%, afectando programas sanitarios, hospitales nacionales y compra de medicamentos.
El gasto de capital de la Administración Pública Nacional también retrocedió 19,3% real, golpeando obras, infraestructura y equipamiento hospitalario.
Crece la presión sobre el sistema público de salud
El ajuste ocurre en un contexto donde cada vez más personas abandonan prepagas u obras sociales y recurren a hospitales públicos por la pérdida de poder adquisitivo.
En Neuquén, por ejemplo, más de 43.000 afiliados del PAMI utilizan actualmente el sistema público, mientras que en marzo se registró un incremento cercano al 30% en la atención hospitalaria respecto de hace dos años.
En la provincia de Buenos Aires, las autoridades sanitarias advirtieron que:
- El 50% de quienes se atienden en hospitales públicos tiene obra social o prepaga
- Uno de cada cuatro jubilados no accede a sus medicamentos
- El PAMI perdió el 40% de su presupuesto
En Santa Fe, el gobierno provincial debió reforzar la distribución propia de medicamentos tras la reducción de envíos nacionales. El programa Remediar, que anteriormente cubría hasta 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a apenas tres.
Marcha Federal por la Salud Pública
Frente al avance del ajuste, trabajadores sanitarios, residentes y organizaciones gremiales realizaron una nueva Marcha Federal por la Salud Pública para denunciar el deterioro de hospitales, centros de atención y programas de acceso a medicamentos.
Desde distintos sectores advierten que la reducción presupuestaria impactará especialmente en los sectores más vulnerables que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a tratamientos, vacunas y controles médicos.
