A simple vista, la economía brasileña parece atravesar un buen momento. El Ibovespa acumuló una suba cercana al 60% en dólares en el último año, uno de los mejores desempeños a nivel global. Pero esa foto es parcial. Puertas adentro de empresas, comercios y pymes, el panorama es bastante más complejo: la deuda empezó a volverse un problema estructural.
Hoy hay más de 8 millones de empresas en mora en Brasil, con pagos atrasados que en conjunto rondan los 213.000 millones de reales. Es un nivel récord y, sobre todo, muy concentrado en firmas pequeñas y medianas, que representan una parte clave de la actividad económica.
Lo que aparece es una especie de “resaca” post pandemia. Durante esos años, con tasas en mínimos históricos, muchas compañías se endeudaron fuerte: algunas para sobrevivir, otras para expandirse. El problema es que ese escenario cambió rápido. Las tasas volvieron a niveles de dos dígitos —hoy cerca del 14,5%— y el crecimiento económico no acompañó. El resultado es un combo complicado: más costo financiero y menos capacidad de generar ingresos.
En ese contexto, cada vez más empresas tienen dificultades para refinanciar sus pasivos. Casos recientes como Kora Saúde, que pidió reestructurar su deuda, o situaciones similares en compañías grandes como Raízen y Companhia Brasileira de Distribuição, muestran que la presión no es solo de las pymes, aunque ahí se concentra el problema.
El punto central es que el buen momento del mercado bursátil no refleja lo que pasa en la economía real. La suba del índice está muy explicada por un grupo acotado de grandes empresas —muchas vinculadas a commodities— que incluso se beneficiaron del contexto internacional, como la suba de la energía. Pero ese impulso no llega al resto del tejido productivo.
Mientras tanto, el crédito se volvió más selectivo. Bancos más cautelosos, tasas altas y mayor riesgo percibido generan un efecto de “exclusión financiera”: empresas que antes accedían a financiamiento ahora quedan afuera o enfrentan condiciones mucho más duras.
El fenómeno también empieza a tocar a los hogares. Las familias destinan cerca del 30% de sus ingresos al pago de deudas, uno de los niveles más altos de la última década. Esto no solo limita el consumo, sino que conecta con el problema empresarial: menos demanda implica menos ingresos para las compañías, cerrando un círculo difícil.
Por ahora, no hay una crisis sistémica. El empleo y la confianza del consumidor se mantienen relativamente estables, y el mercado financiero no está descontando un escenario extremo. Pero sí aparece una tensión creciente: cada vez más empresas ajustan, frenan inversiones y estiran pagos, lo que puede afectar cadenas productivas completas.
El Banco Central, por su parte, empezó a bajar tasas, pero de forma muy gradual. La preocupación por la inflación —que sigue elevada— limita el margen para un alivio más rápido. Y eso es clave: con tasas todavía altas, la presión sobre el sector privado difícilmente desaparezca en el corto plazo.
En el plano político, el tema también suma sensibilidad. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta un escenario económico más exigente en un año electoral, con crecimiento moderado e inflación persistente. El gobierno ya lanzó programas para aliviar la deuda de los hogares, pero en el caso de las empresas la estrategia es más cautelosa, apostando a que negocien directamente con acreedores.
En síntesis, Brasil muestra hoy una dualidad bastante marcada: por un lado, mercados financieros fuertes y capital externo entrando; por otro, un entramado productivo tensionado por deuda cara y crédito escaso.
El riesgo no es inmediato, pero sí progresivo: si más empresas empiezan a recortar actividad o fallar en pagos, el problema puede trasladarse al resto de la economía. Por ahora, el sistema aguanta. La incógnita es cuánto tiempo puede sostener ese equilibrio.
