La operación por ARS$221.119 millones busca cancelar certificados de obra correspondientes a 2022-2025. Al utilizar títulos de deuda en lugar de efectivo, el pago no impacta en el resultado fiscal base caja de 2026.
El Gobierno de Javier Milei amplió la emisión de instrumentos de deuda en pesos por unos ARS$221.119 millones para cancelar compromisos pendientes con proveedores de obra pública. La operación contempla títulos con intereses capitalizables y apunta a saldar deudas correspondientes a certificados de obra emitidos entre 2022 y 2025.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución Conjunta 59/2026 de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, publicada en el Boletín Oficial.
El mecanismo elegido permite al Tesoro cancelar esas obligaciones mediante títulos de deuda, en lugar de realizar un desembolso en efectivo. De esta manera, la operación queda registrada por debajo de la línea y no afecta el resultado fiscal base caja del año.
Cómo funciona la emisión de deuda para pagar obra pública
El equipo económico decidió utilizar tres títulos de deuda con vencimientos previstos entre octubre de 2026 y abril de 2027 para hacer frente a los compromisos acumulados con empresas proveedoras de obra pública.
La diferencia central está en la forma en que se registra la operación. Si el Tesoro hubiera cancelado las obligaciones en efectivo, el pago habría sido contabilizado como un gasto y habría tenido impacto sobre el resultado primario base caja.
Al utilizar títulos de deuda, en cambio, la cancelación se registra por debajo de la línea. Por ese motivo, el desembolso no se refleja de la misma manera en el resultado fiscal base caja de 2026.
La decisión se produce en un contexto en el que la recaudación registra caídas en términos reales y la actividad económica presenta un menor dinamismo.
La crítica por los intereses capitalizables
El mecanismo generó cuestionamientos entre economistas por la forma en que se refleja el costo financiero de la operación.
Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria y exgerente general del Banco Central, sostuvo que el Gobierno está utilizando mecanismos para preservar el resultado fiscal y planteó la necesidad de contar con una medición complementaria al resultado base caja.
Uno de los puntos centrales de su crítica es que los instrumentos emitidos no pagan cupones periódicos, sino que capitalizan intereses. Por lo tanto, el costo financiero queda incorporado al capital de la deuda y no tiene un impacto inmediato sobre el resultado financiero bajo esa metodología.
Gadano planteó que, durante la discusión del Presupuesto 2027, el Congreso debería solicitar una medición alternativa que contemple el costo efectivo de la deuda y mecanismos como la capitalización de intereses y los títulos cupón cero.
Otro analista consultado sostuvo que no necesariamente es incorrecto que la operación no impacte en el resultado fiscal de 2026, dado que se trata de gastos correspondientes a períodos anteriores. El cuestionamiento, según su análisis, es que esos gastos no fueron reflejados como tales en los ejercicios en los que se generaron.
El superávit fiscal de 2026
La operación se produce mientras el Gobierno busca cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
En agosto, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de ARS$1.990.322 millones y un superávit financiero de ARS$635.529 millones, según informó el Ministerio de Economía.
Con esos resultados, durante los primeros ocho meses de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de alrededor de 0,2% del PIB.
La meta acordada con el FMI para todo 2026 contempla un superávit primario de 1,4% del PIB. El objetivo fue renegociado durante el año luego de que el Gobierno incumpliera por un margen la meta correspondiente al primer semestre.
Entre enero y junio, el resultado primario acumulado fue de ARS$6,29 billones, frente a una meta de ARS$6,86 billones.
La emisión de deuda para cancelar los certificados de obra permite así atender obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores sin que el pago en títulos tenga el mismo impacto sobre el resultado fiscal base caja de 2026.
