La última medición de abril del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, dejó una señal que en la política argentina suele leerse con atención: el respaldo social al Ejecutivo mostró una caída que rompe con la relativa estabilidad que venía exhibiendo en meses anteriores.
En abril, el ICG se ubicó en 2,02 puntos, registrando una disminución del 12,1% en comparación previa.
En la medición interanual, el índice mostró una caída del 13,2%. Al contrastarlo con el mismo período de las dos administraciones previas, el nivel de abril resulta superior al observado durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque levemente inferior al correspondiente a la gestión de Mauricio Macri.
El indicador, que sintetiza percepciones sobre la capacidad de gestión, la honestidad, la eficiencia y la orientación al interés general, comenzó a ceder en un contexto donde el programa económico del gobierno de Javier Milei atraviesa una fase más exigente.
Tras el shock inicial de ajuste —que en su momento contó con cierto margen de tolerancia social— empiezan a hacerse más visibles sus costos cotidianos, desde el encarecimiento de tarifas hasta la persistente pérdida de poder adquisitivo.
En paralelo, la desaceleración inflacionaria, uno de los principales objetivos oficiales, no alcanza todavía para recomponer expectativas.
La inflación sigue siendo alta en términos absolutos, y eso impacta directamente en el humor social. A ese cuadro se suma un clima político menos ordenado, con tensiones entre el Ejecutivo y actores clave —como gobernadores o el Congreso— que tienden a amplificar la percepción de fragilidad.
En ese marco, la baja del índice no es, por sí sola, un punto de quiebre, pero sí una advertencia. Este tipo de indicadores funciona como un termómetro adelantado: no mide la economía en sentido estricto, sino la disposición de la sociedad a sostener un rumbo. Y esa disposición es clave en un programa que depende, en buena medida, de la continuidad de medidas impopulares en el corto plazo.
Para los mercados, la lectura es inmediata. La confianza política y la viabilidad económica están estrechamente vinculadas. Un gobierno con alto respaldo tiene más margen para avanzar en reformas, negociar con actores internos y sostener decisiones difíciles. Cuando ese respaldo empieza a erosionarse, aumenta la sensibilidad ante cualquier desvío: sube la percepción de riesgo, crece la volatilidad y se vuelve más incierto el horizonte.
En términos concretos, lo que señala esta caída es un cambio en el equilibrio: el Gobierno sigue contando con apoyo, pero ya no con el mismo nivel de “crédito” inicial. A partir de ahora, la dinámica se vuelve más exigente. Las expectativas, que al comienzo estaban ancladas en la promesa de estabilización, empiezan a depender más de resultados tangibles.
Dicho de otro modo, el margen político deja de ser un activo dado y pasa a ser una variable que el Gobierno tendrá que reconstruir, mes a mes, en función de lo que ocurra con la inflación, la actividad y el ingreso real. Ahí es donde este índice, más que una estadística, se convierte en una señal temprana del clima que viene.
