La norma sancionada por el Senado redefine las reglas del juego para los grandes contribuyentes y acota el margen de fiscalización de ARCA. Cuáles son los puntos clave y cómo funciona el nuevo esquema.
La sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal en el Congreso introdujo una reforma sustancial en las relaciones entre los contribuyentes y el fisco. La iniciativa apunta de manera directa a que los patrimonios más altos y los ahorros en moneda extranjera que continúan fuera del circuito formal se incorporen al sistema financiero bajo reglas simplificadas, mayor previsibilidad y menor exposición a litigios tributarios.
A continuación, los cambios centrales que introduce la normativa y cómo impactarán en la liquidación de impuestos:
1. Fin a los topes de facturación y patrimonio
Hasta la sanción de esta ley, el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias establecía límites estrictos para personas humanas y sucesiones indivisas: exigía topes de hasta $1.000 millones en ingresos y $10.000 millones de patrimonio total para poder acceder.
Con el nuevo marco normativo, ambos topes quedan completamente eliminados. Esto permite que cualquier contribuyente, sin importar el volumen de su facturación anual o el tamaño de sus activos, pueda liquidar sus obligaciones bajo esta modalidad simplificada.
2. Nuevas reglas para que ARCA pueda fiscalizar
Uno de los aspectos más sensibles de la ley es la redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, es decir, el parámetro que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a impugnar una declaración jurada:
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Umbral porcentual: para que el fisco pueda objetar una presentación, la inconsistencia detectada debe representar un aumento del impuesto determinado o un recorte de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo informado por el contribuyente.
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Monto mínimo: además del porcentaje, se fija un piso cuantitativo de $5 millones. Si la divergencia no supera dicho monto —incluso si porcentualmente representa más del 20%—, el organismo recaudador no abrirá proceso sancionatorio ni impugnará de oficio la declaración.
3. Exclusión tajante para funcionarios públicos
Para evitar cuestionamientos éticos y políticos, la ley blindó el acceso a estos beneficios para los integrantes de la administración pública:
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Ningún funcionario de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) podrá acogerse a los beneficios ni a las reducciones tributarias del régimen.
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La restricción no aplica solo a quienes estén en funciones: alcanza retroactivamente a cualquier persona que haya ocupado cargos públicos en los últimos cinco años.
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Estos sujetos solo podrán utilizar la plataforma para declarar y pagar Ganancias por las vías generales correspondientes.
4. Bancarización obligatoria y excepción inmobiliaria
La norma establece como regla general la bancarización total de las transacciones para validar los beneficios fiscales. No obstante, se contempló una ventana de transición: las operaciones de compra-venta de inmuebles podrán realizarse bajo los esquemas habituales hasta 2027, otorgando margen de adaptación al sector de la construcción y bienes raíces.
5. Reducción de multas y regularización de controversias
Por último, el régimen incorpora incentivos de regularización mediante la reducción de penalidades y multas para aquellos contribuyentes que decidan adherir de forma voluntaria al esquema simplificado y subsanar discrepancias pasadas, despejando la carga de litigiosidad tributaria.
