Gremios de la CGT y la CTA llevarán adelanto la medida de fuerza el 21 de mayo.
Sindicatos de todos los sectores de Tierra del Fuego anunciaron un paro total provincial para el próximo 21 de mayo, en rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir los aranceles a productos electrónicos.
La medida fue convocada por gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Según informaron en un comunicado conjunto, la protesta será “en defensa de la soberanía, la industria nacional y los puestos de trabajo”, frente a lo que consideran un nuevo ataque del Ejecutivo nacional contra la provincia y su matriz productiva.
Los gremios denunciaron que la eliminación progresiva de aranceles y la reducción de impuestos internos a celulares, televisores y aires acondicionados pone en riesgo más de la mitad de los empleos industriales en Tierra del Fuego, y señalaron que estas decisiones responden a “una imposición del FMI” en el marco del acuerdo financiero con el Gobierno nacional.
“El plan económico de Milei asfixia la producción, amenaza a la industria nacional y pone en peligro miles de fuentes laborales”, aseguraron.
Y añadieron: “Decimos basta a un modelo que favorece la especulación financiera y entrega nuestros recursos a intereses extranjeros”.
Además, destacaron que la baja de aranceles afectará gravemente al régimen de promoción industrial fueguino, base de la economía regional.
“Nos ponemos en pie de lucha ante un Gobierno entreguista que atenta contra la dignidad de las familias trabajadoras”, concluyeron.
Qué dice el Gobierno sobre la baja de aranceles
El Gobierno de Javier Milei anunció esta semana una medida para reducir aranceles e impuestos internos a productos electrónicos importados, con el objetivo de fomentar la competencia y bajar los precios en el mercado local.
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En una primera etapa, el arancel de importación de celulares pasará del 16% al 8%.
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A partir del 15 de enero de 2026, el tributo será eliminado por completo.
La medida aún no fue publicada en el Boletín Oficial, pero forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para desregular el mercado y abrir la economía.
