El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó en una fase decisiva tras la apertura de los sobres técnicos: dos consorcios formalizaron propuestas para adquirir el 90% del paquete accionario en manos del Estado nacional.
El 10% restante continuará asignado al personal bajo el régimen del Programa de Propiedad Participada (PPP). AySA abastece en la actualidad a cerca de 14 millones de personas a través de 3,8 millones de cuentas de usuarios, cubriendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Aunque en las etapas preliminares 17 potenciales oferentes habían manifestado interés, finalmente dos grupos avanzaron en la licitación. Ambas propuestas deberán superar la instancia evaluadora técnica para luego disputar la adjudicación en la apertura de ofertas económicas.
Quiénes integran los dos consorcios oferentes
Las dos propuestas presentadas combinan firmas de infraestructura y servicios públicos locales e internacionales:
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Consorcio liderado por Rowing S.A.:
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Encabezado por la compañía de ingeniería y servicios industriales que controla Walter Román.
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Lo integran Transclor (propiedad de Mauricio Filiberti), la firma brasileña Arcos Saneamento e Participações (ligada al grupo Equipav) y el vehículo de inversión PHX, con base en los Países Bajos.
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Roggio ROAS S.A.U.:
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Sociedad vinculada al Grupo Roggio, operador del servicio de agua en Córdoba (Aguas Cordobesas) con amplia trayectoria en obras civiles e infraestructura.
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La nómina se completa con Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
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Plan de inversión y metas de cobertura hasta 2031
El pliego impone a quien resulte adjudicatario un estricto compromiso operativo y financiero para modernizar y expandir la red sanitaria:
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Inversión comprometida: Más de US$ 2.000 millones proyectados entre 2027 y 2031 para mantenimiento, reemplazo de cañerías y ampliación de servicio.
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Plazo contractual: La concesión se otorgará inicialmente por 30 años, con cláusula de prórroga.
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Metas de cobertura a 2031:
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Agua potable: 75,3% de cobertura sobre el área de concesión.
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Desagües cloacales: 63,9% de cobertura.
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Objetivos al fin de la concesión: Se exigirá un mínimo de 90% de cobertura en agua corriente y 75% en saneamiento cloacal.
La etapa final de la licitación incluirá la definición del marco regulatorio definitivo, las pautas de ajuste tarifario y los esquemas de financiamiento previstos para costear los planes de obra.
Controles de calidad sobre agua y efluentes
De forma simultánea, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) adjudicó la fiscalización ambiental del servicio por un valor de hasta $275,8 millones. El contrato fue otorgado a Estudio Ecológico Industrial SRL por un período de 12 meses (con opción de extensión), abarcando la toma de muestras, transporte y análisis de laboratorio sobre agua de red, descargas cloacales y funcionamiento de las plantas depuradoras.
