La inflación, el encarecimiento de la energía y las restricciones fiscales condicionarán las subas salariales del próximo año. Colombia aparece entre los países más comprometidos, mientras que Argentina enfrenta el desafío de recuperar el poder adquisitivo tras nuevos aumentos de precios.
Las negociaciones por el salario mínimo de 2027 en América Latina estarán atravesadas por un dilema: recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar nuevas presiones inflacionarias. El aumento del precio del petróleo, las tasas de interés elevadas y las limitaciones fiscales reducen el margen de los gobiernos para impulsar mejoras reales de los ingresos.
Según un análisis publicado por Bloomberg Línea, Colombia aparece entre los países con mayores dificultades para definir el próximo ajuste, mientras que Brasil, Argentina y Perú también enfrentan presiones inflacionarias. México tendría un escenario relativamente más favorable, aunque una suba salarial de dos dígitos podría incrementar los costos de las empresas.
Nicolás Cruz, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, señaló que los gobiernos deberán equilibrar la protección del poder adquisitivo con la necesidad de evitar una nueva aceleración de los precios. Para ello, consideró que las negociaciones deberían apoyarse en la inflación esperada, la productividad y el diálogo entre trabajadores, empresarios y autoridades.
Colombia, el país con mayor presión para subir el salario mínimo
Colombia enfrenta uno de los escenarios más complejos de la región. En septiembre, la inflación interanual llegó al 6,29%, aproximadamente el doble de la meta, después de que el salario mínimo aumentara cerca de un 23% en 2026.
Al mismo tiempo, el Banco de la República elevó su tasa de interés de referencia desde el 10,25% de enero hasta el 12,25%. La combinación de mayores costos laborales, inflación persistente y tasas elevadas limita el margen para definir un nuevo incremento sin sumar presión sobre los precios.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advirtió que los aumentos salariales por encima de la inflación y la productividad pueden reforzar la indexación, es decir, la práctica de ajustar otros precios, tarifas o ingresos en función de la evolución de los salarios y los precios.
Jonathan Fortun, economista del IIF, consideró que un aumento de un dígito permitiría proteger los ingresos sin repetir el impacto sobre los costos observado durante 2026.
La negociación para 2027 comenzó el 1 de octubre, en un contexto en el que el Gobierno había anticipado que utilizaría la fórmula tradicional de inflación más productividad.
Brasil: el salario mínimo dependerá del escenario político y fiscal
En Brasil, la definición del salario mínimo de 2027 estará condicionada por el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, según los analistas consultados por Bloomberg Línea.
En agosto, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva elevó su previsión para el ingreso mínimo del próximo año a 1.741 reales, lo que representa un aumento del 7,4%.
La fórmula contempla la inflación y una mejora real limitada por las reglas fiscales. El objetivo oficial es sostener el consumo, especialmente entre los hogares de menores ingresos, sin agravar las restricciones presupuestarias.
La inflación interanual alcanzó el 4,58% en septiembre, por encima del techo de la meta. A esto se suma una tasa de referencia Selic del 13,75%, un nivel que condiciona las perspectivas de flexibilización monetaria.
Fortun advirtió que el salario mínimo tiene un efecto que va más allá de los trabajadores que lo cobran, porque también sirve como referencia para pensiones y beneficios sociales. Por eso, su evolución será relevante para las cuentas públicas y las decisiones del Banco Central.
Argentina: el salario mínimo pierde poder adquisitivo
En Argentina, el Gobierno fijó por resolución los aumentos del salario mínimo hasta abril de 2027, después de que empresarios y sindicatos no alcanzaran un acuerdo en el Consejo del Salario.
El esquema contempla incrementos mensuales de entre el 1,7% y el 1,9%, hasta llevar el ingreso mínimo a $437.000 en abril del próximo año.
La trayectoria contrasta con la inflación interanual del 33,4% registrada en septiembre. El IIF proyecta una inflación del 17,8% para fines de 2027, pero advierte que el salario mínimo todavía arrastra una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
Según el análisis citado por Bloomberg Línea, su valor real equivale aproximadamente a la mitad del que tenía a fines de 2019.
Fortun sostuvo que la recuperación de los ingresos dependerá de que la desaceleración de la inflación avance más rápido que los aumentos nominales del salario mínimo.
En ese contexto, la discusión no pasa únicamente por cuánto subirá el ingreso en pesos, sino también por cuánto podrá recuperar en términos reales frente al costo de vida.
México: margen para otro aumento de dos dígitos, pero con riesgos
México parte de una situación relativamente más favorable en materia de inflación. En septiembre, el índice anual se ubicó en el 3,45%, dentro del rango de referencia del Banco de México, cuya meta es del 3%.
Después de varios años de incrementos de dos dígitos, incluido un aumento del 13% en 2026, el debate para el próximo año se concentrará en cuánto puede crecer el salario mínimo sin trasladar nuevas presiones a los precios.
Diana Becerra Peña, profesora del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, proyectó un nuevo ajuste cercano al 12%. La iniciativa se vincula con el objetivo de avanzar hacia una remuneración suficiente para cubrir 2,5 canastas básicas.
Sin embargo, la académica advirtió que un incremento de esa magnitud superaría ampliamente los aumentos salariales previstos en el sector privado, de entre el 3% y el 5%.
La presión podría agravarse por la reducción gradual de la jornada laboral hasta las 40 horas semanales. La combinación de mayores salarios y cambios en las condiciones de trabajo elevaría los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas, con posibles efectos sobre los precios y la informalidad.
Chile y Perú: aumentos definidos y ajustes escalonados
Chile y Perú llegan a 2027 con parte de la política salarial definida, aunque ambos países todavía enfrentan desafíos relacionados con la inflación y el poder adquisitivo.
En Chile, el ingreso mínimo mensual para trabajadores de entre 18 y 65 años se ubica en 553.553 pesos chilenos. La normativa establece dos reajustes durante 2027.
El primero comenzará a regir el 1 de enero y dependerá de la variación acumulada del índice de precios al consumidor entre mayo y diciembre de 2026. El segundo está previsto para julio.
En Perú, el salario mínimo pasó de 1.130 a 1.230 soles desde el 1 de octubre, un aumento del 8,8%. El Gobierno prevé llevarlo a 1.300 soles en 2027.
El incremento se produce después de que la inflación interanual de Lima llegara al 4,55% en septiembre, su nivel más alto en tres años. Según Fortun, el salario mínimo real peruano todavía se encontraba por debajo de su nivel de 2019.
El economista destacó que los ajustes escalonados permiten evaluar la evolución de los precios antes de aplicar nuevos incrementos y ayudan a reducir el riesgo de efectos inflacionarios de segunda ronda.
Bolivia: el costo de vida y la situación fiscal limitan las subas
Bolivia enfrenta una negociación salarial condicionada por las restricciones fiscales, la evolución del tipo de cambio y el conflicto en torno a los subsidios a los combustibles.
Para 2026, el Gobierno fijó el salario mínimo en 3.300 bolivianos, con un aumento del 20%, al tiempo que eliminó los subsidios a los combustibles.
Desde que el tipo de cambio comenzó a flotar a fines de junio, la cotización oficial del dólar pasó de 6,86 a cerca de 11,7 bolivianos. Según cálculos del IIF, esa evolución redujo el equivalente en dólares del salario mínimo desde unos U$S 400 en 2025 hasta aproximadamente U$S 280, una caída cercana al 30%.
La inflación interanual bajó al 5,7% en septiembre, frente al 20% de diciembre, aunque el IIF atribuye parte de esa desaceleración a efectos estadísticos de comparación.
Además, la eliminación total del subsidio al diésel en septiembre elevó su precio por litro un 83%. El organismo estima que esa medida podría sumar alrededor de 1,7 puntos porcentuales al nivel general de precios.
La Central Obrera Boliviana rechazó el retiro del subsidio, mientras que el Gobierno cuenta con poco margen fiscal para repetir un aumento salarial del 20% sin profundizar las tensiones cambiarias. En ese escenario, los analistas no descartan protestas, paros y bloqueos.
Qué determinará los aumentos del salario mínimo en América Latina
La inflación de cierre de 2026 y la productividad serán dos variables centrales para definir los incrementos del próximo año.
Cruz, de Corficolombiana, sostuvo que la actualización salarial debería contemplar la pérdida de poder adquisitivo y sumar las mejoras de productividad que permitan sostener aumentos reales sin generar nuevas presiones sobre los precios.
Si los salarios crecen significativamente por encima de la inflación y la productividad, las empresas pueden trasladar parte de los mayores costos a los consumidores. En ese caso, la suba nominal pierde capacidad para mejorar el ingreso real de los trabajadores.
Las restricciones fiscales también tendrán un peso diferente según el país. En Brasil y Colombia, por ejemplo, el salario mínimo incide sobre pensiones y otros gastos públicos, por lo que un incremento elevado puede ampliar las necesidades presupuestarias.
El contexto energético añade otra dificultad. El petróleo Brent rondaba los U$S 110 por barril al momento del análisis, más de un 70% por encima del cierre de 2025, lo que aumenta los riesgos inflacionarios para la región.
El IIF y grandes bancos de Wall Street, como Citi, proyectan una moderación de la inflación en 2027 en Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. Sin embargo, Fortun advirtió que trasladar automáticamente a los salarios la inflación de 2026 podría incorporar aumentos de precios que no necesariamente se repetirán el próximo año.
El desafío para los gobiernos será, por lo tanto, recuperar ingresos sin alimentar una nueva espiral de precios, en economías donde el costo de la energía, la productividad, el empleo formal y la capacidad fiscal condicionan el margen para otorgar mejoras salariales.
