Actualmente, el Estado tiene el 60% de las acciones de Eletrobras, empresa de capital abierto que cotiza en la Bolsa de Valores de San Pablo. Conservará la “acción de oro”.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, obtuvo una victoria para su agenda económica ultraliberal cuando el Senado aprobó por 42 a 37 votos el decreto provisorio del Poder Ejecutivo para privatizar la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras.
Como es un decreto provisorio que vence el 22 de junio, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados el lunes y allí, según se descuenta, se transformará en ley esta privatización, la más importante del Gobierno de Bolsonaro y de su superministro de Economía, Paulo Guedes,
Entidades de usuarios y de la industria advirtieron que la privatización provocará un aumento en la tarifa de energía eléctrica.
Actualmente, el Estado tiene el 60% de las acciones de Eletrobras, empresa de capital abierto que cotiza en la Bolsa de Valores de San Pablo.
La privatización era reclamada por el mercado financiero y será realizada mediante la venta de acciones ordinaria de la empresa, para que la participación del Estado sea de entre 40 y 45%.
La participación de cada accionista o grupo de accionistas no podrá pasar el 10% y el Estado mantendrá la llamada “acción de oro”, usada para que el Gobierno pueda intervenir con su última palabra.
La privatización mantendrá los subsidios hasta 2035 para las termoeléctricas movidas a carbón que actúan sobre todo en tiempos de sequía, una iniciativa repudiada por entidades del sector por considerar que estimula la polución ambiental.
Eletrobras responde por el 30% de la energía de Brasil y su gran potencial son las empresas subsidiarias regionales.
“Ahora estamos pagando energía dos o tres veces más cara”, dijo el relator del proyecto, el senador bolsonarista Marcos Rogerio, del oficialista Demócratas.
La oposición de izquierda y un sector de los liberales de derecha lograron fijar una postura común contra la privatización, pero triunfó el armado del Gobierno con el llamado “Centrao”, la derecha pendular que domina parte del Congreso, que ha adherido a su agenda económica y que a la vez lo blinda de los más de 100 pedidos de juicio político que esperan en la cámara baja.
Uno de los puntos más polémicos de la privatización es el destino de los futuros trabajadores despedidos, la previsión de un aumento de la tarifa y la vía libre para instalar torres de transmisión de energía en reservas indígenas amazónicas.
Bolsonaro había dicho que habrá “caos energético” en el país si no se vende Eletrobras, cuya privatización es clave para Guedes, que no ha podido privatizar empresas de gran porte, además de la venta por cambio de paquete accionario de la distribuidora de estaciones de servicios de Petrobras, BR Distribuidora.
La cuenca del Paraná está sufriendo la peor crisis hídrica en 91 años, lo cual ha aumentado las multas a los consumidores por la sequía de las centrales hidroeléctricas.
Casi el 80% de la generación de energía en Brasil es de matriz hidroeléctrica.
Trabajadores no esenciales para el mantenimiento del servicio de la empresa, fundada en 1962, están en huelga esta semana en repudio al decreto provisorio de Bolsonaro.
Y ahora se suma esta buena noticia para la agenda privatizadora del Gobierno, que depende el próximo lunes de que Diputados, por amplia mayoría, ratifique las modificaciones hechas por el Senado.
Este triunfo de la agenda del ultraliberal Guedes, un admirador del dictador Augusto Pinochet y el modelo jubilatorio chileno, llegó el mismo día en que el ministro de Economía causó revuelo por afirmar, en un evento con supermercadistas, que las políticas sociales contra el hambre deben hacerse con las sobras de la clase media y de los restaurantes.
“El plato de un clasemediero europeo, que pasó por dos guerras mundiales es pequeño, pero el nuestro, en cambio, tiene sobras enormes. Precisamos pensar cómo usar ese exceso en el día a día, porque con eso se puede alimentar a personas frágiles, mendigos, desamparados, mucho mejor que dejar que se pudra”, afirmó en el seminario en San Pablo.
Para Guedes, “encadenar los excesos de los restaurantes con la política social es algo que debe ser hecho”.
