El Gobierno acelera el proyecto de desregulación inmobiliaria que impulsa el ministro Federico Sturzenegger y busca modificar de forma profunda cómo funciona el mercado de compraventa y alquiler de propiedades en Argentina. La iniciativa, que podría ingresar al Congreso durante junio, propone eliminar requisitos históricos para ejercer como corredor inmobiliario, liberalizar honorarios y habilitar una mayor participación de plataformas digitales.
La propuesta ya encendió la polémica entre las entidades que agrupan a los corredores matriculados y los sectores que promueven una apertura total del mercado. Mientras unos sostienen que la reforma aumentará la competencia y reducirá costos para los consumidores, otros advierten sobre riesgos para la seguridad jurídica de las operaciones.
Qué busca cambiar el proyecto de desregulación inmobiliaria
El borrador en el que trabaja el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado apunta a flexibilizar las condiciones para ejercer la actividad inmobiliaria.
Entre los principales cambios aparecen:
- Eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario.
- Fin de la exigencia de contar con un título universitario específico.
- Posibilidad de que personas físicas y jurídicas desarrollen actividades de corretaje.
- Libertad para fijar honorarios y comisiones sin mínimos ni máximos establecidos.
- Habilitación para ejercer simultáneamente otras actividades profesionales o comerciales.
- Autorización para operar mediante plataformas digitales, aplicaciones y entornos virtuales.
- Eliminación de restricciones jurisdiccionales para trabajar en distintas provincias.
Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo es reducir barreras de entrada, aumentar la competencia y generar una baja en los costos de intermediación para quienes compran, venden o alquilan propiedades.
Por qué los colegios inmobiliarios rechazan la iniciativa
La propuesta generó una fuerte reacción entre las entidades profesionales que representan a los corredores inmobiliarios.
Desde el sector sostienen que la regulación profesional es una facultad de las provincias y cuestionan la constitucionalidad de una eventual ley nacional que elimine la matriculación obligatoria.
Además, advierten que la actividad inmobiliaria involucra aspectos legales, contractuales y patrimoniales que requieren capacitación específica y controles profesionales.
Según datos del sector, más del 95% de las operaciones inmobiliarias del país se realizan actualmente con intervención de corredores matriculados, mientras que apenas entre el 3% y el 5% corresponden a operaciones directas entre particulares.
Las entidades consideran que una apertura total podría favorecer la aparición de operadores informales, aumentar los conflictos contractuales y generar mayores riesgos de fraude o incumplimientos.
El antecedente de Patricia Bullrich que volvió al centro del debate
En medio de la discusión reaparecieron declaraciones realizadas por Patricia Bullrich durante 2023 en una reunión con representantes del sector inmobiliario.
En aquel encuentro, la actual dirigente de La Libertad Avanza había destacado la importancia de los corredores matriculados y sostuvo que los colegios profesionales cumplen una función relevante para ordenar el mercado y brindar confianza a compradores y vendedores.
La difusión de esas declaraciones volvió a instalar el debate sobre el rol de la regulación dentro del propio espacio político que hoy impulsa la reforma.
Qué argumentan quienes apoyan la desregulación
Del lado opuesto, las cámaras que respaldan el proyecto aseguran que el sistema actual protege estructuras corporativas que limitan la competencia.
Los defensores de la reforma sostienen que la calidad profesional no depende exclusivamente de una matrícula o de un título universitario, sino también de capacidades comerciales, tecnológicas y de gestión.
Además, afirman que las nuevas herramientas digitales permiten generar mecanismos de transparencia y reputación que pueden reemplazar parte de los controles tradicionales.
Según esta visión, la eliminación de restricciones podría traducirse en:
- Menores costos de intermediación.
- Mayor oferta de servicios inmobiliarios.
- Más competencia entre operadores.
- Comisiones negociadas libremente entre las partes.
- Procesos digitales más ágiles.
Qué puede pasar con las comisiones inmobiliarias
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la liberalización de honorarios.
Actualmente existen regulaciones y referencias arancelarias que orientan el mercado. La propuesta oficial busca que compradores, vendedores, propietarios e inquilinos negocien libremente los valores de intermediación.
Los sectores favorables a la reforma consideran que esto podría generar una reducción de costos, mientras que los colegios inmobiliarios advierten que la ausencia de parámetros mínimos podría afectar la calidad del servicio profesional.
Cómo impactaría la reforma en el mercado inmobiliario
La discusión expone dos modelos completamente distintos para el futuro del sector.
Por un lado, quienes promueven un esquema basado en competencia abierta, digitalización y menor intervención regulatoria. Por otro, quienes sostienen que las operaciones inmobiliarias requieren controles profesionales para garantizar transparencia, seguridad jurídica y protección patrimonial.
Mientras el Gobierno acelera el envío del proyecto al Congreso, el debate ya se instaló entre corredores, desarrolladores, cámaras empresarias y consumidores. La eventual aprobación de la iniciativa podría representar uno de los cambios más importantes en el mercado inmobiliario argentino de las últimas décadas.
