El Gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir la cautelar que suspendió artículos clave de la reforma laboral.
La medida busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa, sin pasar por instancias judiciales intermedias, en un conflicto que ya escala en el plano institucional.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, que solicitó dejar sin efecto el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, el cual había suspendido 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral tras una demanda impulsada por la Confederación General del Trabajo.
Qué busca el Gobierno con el per saltum
El recurso apunta a acelerar la resolución judicial en un caso que el Ejecutivo considera de “gravedad institucional”. En concreto, el Gobierno pretende:
- Suspender los efectos de la cautelar vigente
- Lograr un pronunciamiento definitivo de la Corte
- Restituir la aplicación plena de la reforma laboral
Desde la Procuración sostienen que la intervención directa del máximo tribunal es la única vía eficaz para evitar un escenario de incertidumbre jurídica.
Los argumentos contra el fallo judicial
El Gobierno cuestiona varios aspectos de la decisión del juez laboral:
- Falta de competencia: asegura que el caso corresponde al fuero federal, no al laboral
- Ausencia de caso concreto: afirma que la demanda se basa en planteos generales y no en perjuicios específicos
- Legitimidad de la CGT: sostiene que la central sindical no puede representar a todos los trabajadores del país
- Alcance de la cautelar: advierte que un juez no puede suspender una ley con efectos generales (erga omnes)
Además, remarca que el fallo habría excedido el pedido original al incluir artículos no cuestionados explícitamente.
El rol de la CGT y el origen del conflicto
El conflicto judicial se inició a partir de una presentación de la CGT, que pidió declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma laboral. La central obrera argumentó que los cambios afectan derechos fundamentales como:
- La protección del trabajo
- La libertad sindical
- La progresividad de los derechos sociales
- El acceso a la Justicia
El juez interviniente hizo lugar a la cautelar, suspendiendo la aplicación de esos artículos con alcance general.
Impacto institucional y político
Para el Gobierno, la medida judicial genera un “perjuicio irreparable” al afectar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa. También advierte que, de consolidarse este criterio, cualquier juez podría frenar leyes aprobadas por el Congreso, alterando el equilibrio entre poderes.
En este contexto, la definición de la Corte Suprema será clave no solo para el futuro de la reforma laboral, sino también para delimitar el alcance de las cautelares sobre leyes nacionales.
El caso se convierte así en un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y los sindicatos, en medio del proceso de reformas estructurales impulsado por la administración de Milei.
