La investigación penal se originó tras “una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas cuentas”, indicó un comunicado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior, que no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a USD 2.600 millones.
Desde el organismo antilavado señalaron que “existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se deben investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito”.
La investigación penal se originó tras “una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas cuentas”, indicó un comunicado.
La información fue entregada en 2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que comparte su sede en París con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), en el marco del proceso de intercambio entre agencias que se ocupan de temas tributarios, reportó agencia Telam.
En la causa penal se investiga, asimismo, si esa información “pudo haber sido adulterada, recortada o eliminada parcialmente” y haber dado lugar a “la prescripción de obligaciones de pago de impuestos en beneficio de los de titulares de las cuentas alteradas u omitidas”.
“De esta manera, la investigación judicial se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información”, explicó la UIF.
Por lo pronto, desde el organismo “inicialmente se evalúa que hay incumplimientos funcionales, encubrimiento, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados”, hechos que “podrían alterar la vía de escape organizada por la ley de blanqueo de capitales”.
A partir de la normativa en materia de lavado de activos, la acción de la UIF procura analizar los hechos que habrían llevado a la prescripción de las obligaciones de pago por parte de los titulares de las cuentas involucradas en el ocultamiento.
Se evalúa, del mismo modo, la responsabilidad de las y los funcionarios en relación con la información ocultada y a la eliminación de parte de esos datos; y se busca determinar el origen del dinero depositado en cuentas en el exterior, en función de la Ley de Blanqueo.
Al existir la formación de activos en el exterior en cuentas no declaradas ante la autoridad fiscal nacional, la UIF apunta a “investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito” y al “ocultamiento de información sensible y la evasión fiscal, todo ello con el consiguiente perjuicio para el orden económico financiero del país y el conjunto de la sociedad”, concluyó el comunicado.
