Las calificadoras advierten que la continuidad de las políticas de gasto del presidente brasileño podría dificultar la estabilización de las cuentas públicas. Fitch proyecta que la deuda se acercará al 90% del PBI en 2028, mientras Moody’s señala que Brasil necesitaría un superávit primario de entre 2% y 3% para estabilizarla.
La continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil abrió nuevos interrogantes sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de la principal economía de América Latina. Tras la reelección del mandatario, las agencias calificadoras Fitch Ratings y Moody’s advirtieron sobre los riesgos de una consolidación fiscal insuficiente y el crecimiento de la deuda.
Ambas entidades consideran que la capacidad del Gobierno para ordenar las finanzas públicas dependerá de sus decisiones presupuestarias, de la relación con un Congreso más inclinado hacia la centroderecha y de la posibilidad de implementar reformas que permitan contener el gasto.
El desafío será compatibilizar los compromisos sociales de Lula con la necesidad de reducir el déficit y evitar que el aumento del endeudamiento mantenga elevados los costos de financiamiento.
Fitch advierte que la deuda de Brasil podría acercarse al 90% del PBI
Fitch Ratings sostuvo que la reelección de Lula introduce incertidumbre sobre la trayectoria fiscal de Brasil y podría dificultar una estabilización duradera de la deuda pública en relación con el producto bruto interno (PBI).
La calificadora contempla como escenario base una consolidación fiscal gradual, pero considera que ese ritmo sería insuficiente para estabilizar el endeudamiento, salvo que una reacción adversa de los mercados obligue al Gobierno a acelerar el ajuste.
Uno de los interrogantes centrales es si Lula modificará su estrategia de ampliar el gasto social mediante mayores ingresos fiscales. Según Fitch, esa orientación enfrenta un escenario político más complejo, marcado por un mandato estrecho y un Congreso más independiente y orientado hacia la centroderecha.
A esto se suman las iniciativas de aumento del gasto anunciadas durante la campaña, que podrían entrar en tensión con el compromiso presidencial de respetar la regla fiscal vigente.
Las proyecciones de la agencia reflejan la magnitud del desafío. Fitch estima que el déficit del Gobierno general aumentará al 8,6% del PBI en 2026, desde el 8,1% registrado en 2025. Al mismo tiempo, prevé que la deuda pública suba al 82,4% del producto, frente al 78,6% del año pasado, y se acerque al 90% en 2028.
Aunque el déficit primario federal se ubicaría en el 0,4% del PBI en 2026, Fitch advierte que los programas sociales podrían volver a presionar las cuentas en 2027 si no se adoptan medidas compensatorias.
Tasas de interés y costo de la deuda, otros focos de preocupación
El costo de financiamiento es otro de los riesgos identificados por Fitch. Las dudas sobre la credibilidad fiscal podrían mantener elevados los premios de riesgo y retrasar el ciclo de recortes de tasas previsto para 2027.
La exposición de la deuda pública a las tasas de interés agrega presión. Más del 50% del endeudamiento brasileño está vinculado a la tasa Selic, por lo que una reducción más lenta del costo del dinero se trasladaría rápidamente a mayores gastos por intereses.
En ese escenario, el Gobierno podría verse obligado a adoptar una política fiscal más pragmática para contener el deterioro de las cuentas públicas.
Fitch advirtió que la falta de avances concretos en la consolidación fiscal podría generar presiones negativas sobre la calificación crediticia de Brasil.
Moody’s pone el foco en Lula y la relación con el Congreso
Moody’s, por su parte, espera una continuidad general de las políticas económicas durante el cuarto mandato de Lula, pero considera que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso será determinante para estabilizar la deuda.
La agencia advierte que un ajuste fiscal gradual podría prolongar los déficits nominales elevados, los altos costos de financiamiento y el crecimiento del endeudamiento.
Según sus estimaciones, la deuda del Gobierno general ya ronda el 83% del PBI, frente a aproximadamente el 72% cuando Lula fue elegido en 2022.
Moody’s también señala las dificultades estructurales para reducir el gasto. Más del 90% de las erogaciones públicas está fijado por ley, mientras que las enmiendas parlamentarias representan actualmente el 24% del gasto discrecional, frente al 2% registrado en 2015.
Estas restricciones limitan el margen de maniobra del Gobierno para implementar recortes presupuestarios y avanzar en una consolidación fiscal sostenida.
El superávit primario que Brasil necesitaría para estabilizar la deuda
Moody’s estima que Brasil necesitaría alcanzar un superávit primario de entre el 2% y el 3% del PBI para estabilizar la relación entre la deuda y el producto. Sin embargo, considera que ese objetivo sería imposible de alcanzar sin reformas.
La calificadora prevé que Lula intente mejorar las cuentas públicas mediante una combinación de crecimiento económico, medidas para aumentar los ingresos fiscales y mejoras en la eficiencia del gasto. No obstante, considera que esa estrategia probablemente no será suficiente para evitar déficits fiscales elevados.
La composición del nuevo Congreso también podría dificultar el proceso. Con una mayor inclinación hacia la derecha, el Poder Legislativo podría oponer resistencia a las reformas que afecten el gasto social y los programas previsionales.
Por eso, la capacidad del Gobierno para construir acuerdos políticos será un factor central para determinar si Brasil puede avanzar hacia una trayectoria de deuda más sostenible.
Qué mirarán las calificadoras en el presupuesto de 2027
Tanto Fitch como Moody’s consideran que una mejora de la credibilidad fiscal ayudaría a reducir la presión sobre las tasas de interés y el endeudamiento público.
Sin embargo, ambas entidades seguirán de cerca las decisiones del Gobierno y la posibilidad de que los anuncios se traduzcan en medidas concretas.
Fitch advierte que la falta de avances podría aumentar la presión negativa sobre la calificación crediticia. Moody’s, en tanto, prestará especial atención a la conformación del equipo económico y a si el presupuesto de 2027 establece un camino creíble hacia una consolidación fiscal de mediano plazo.
La evolución de la deuda brasileña dependerá, en última instancia, de la capacidad de Lula para conciliar sus compromisos de gasto con las restricciones presupuestarias y las exigencias de los mercados financieros.
